Así lo señaló el abogado Víctor Quinteros, quien explicó que estos trabajos están en contra de la ley de Obras Públicas N° 2730 y su decreto reglamentario OP N° 1697.

Según explicó el letrado, la ley de Obras Públicas "prohíbe expresamente" iniciar trabajos por parte del Estado sin tener debidamente aprobado los estudios o proyectos correspondientes. Quinteros indicó que en el caso particular del call center, la situación se agravaría aún más porque los trabajos por parte del Ministerio se están realizando en un lugar correspondiente a un privado.

"La ley señala que tiene que haber un convenio entre el Estado y el privado, que debe estar aprobado para poder realizar una obra pública", indicó el abogado al tiempo que agregó que "acá nada de eso existe".

Según el letrado, "claramente lo que uno advierte en esta situación es que no solamente se da lugar a una acción judicial civil sino también para una acción penal, porque hay claros incumplimiento de deberes de funcionario público".

"Esta situación significa perjuicios para el Estado provincial porque le va a costar plata como le va a costar la obra del tendido eléctrico sobre la Cuesta del Portezuelo", agregó Quinteros al tiempo que cuestionó que Fiscalía de Estado no intervenga en esta oportunidad, teniendo en cuenta que se está afectando el erario público.

Actualmente el Ministerio de Obras Públicas, a través de una empresa privada, realiza el acondicionamiento del predio donde se instalará el call center, a pesar de que el convenio sigue en análisis de los organismos técnicos del Gobierno provincial.