El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) criticó ayer el proyecto del Gobierno para limitar las medidas cautelares, que presenta "problemas de constitucionalidad" , y objetó parte de las propuestas para modificar el Consejo de la Magistratura y crear nuevos tribunales de casación.

"La ESMA podría haber sido derribada si no se hubiera logrado frenar su destrucción con un amparo y una medida cautelar que dio cuenta de la urgencia de la situación hasta que se resolviera la discusión de fondo", advirtió el CELS, en un documento publicado en su página de Facebook.

"Valoramos y acompañamos la iniciativa de dotar de contenido político a las discusiones sobre el sistema judicial", sostuvo el organismo, que preside el periodista Horacio Verbitsky, cercano al Gobierno. Pero advirtió que la limitación de las medidas cautelares "podrían afectar a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva".

"Las medidas cautelares pueden ser necesarias para defender la libertad sindical o exigir acciones positivas del Estado", precisó la entidad, que en reiteradas ocasiones recurrió a esta vía para asegurar el acceso a la educación de migrantes o la suspensión de normas limitantes de la libertad personal, entre otros supuestos.

"El PAMI podría haber sido privatizado en aquellos años de neoliberalismo", añadió el organismo. Y dijo: "El efecto cascada en las legislaciones provinciales de una medida como ésta impediría que se haya logrado la suspensión de los efectos de la reforma del sistema de excarcelaciones bonaerense para evitar daños irreparables mientras se discute su constitucionalidad".

El CELS cuestionó también la creación de nuevos tribunales de casación. "Es imperioso apuntar a la horizontalidad y desburocratización del sistema judicial y la inclusión de nuevas instancias remite más a su verticalidad", precisó, al sugerir avanzar en la simplificación de los sistemas procesales y propiciar instancias orales.

Respecto de los cambios en el Consejo de la Magistratura, adhirió a la finalidad de "romper lógicas corporativas", pero estimó necesario "evaluar de qué modo se puede garantizar que la elección de los jueces, vehiculizada por comicios abiertos, quede referenciada como representación del sector judicial". Aconsejó, además, "estudiar la posibilidad de que el momento de la elección sea la de medio término y no la presidencial".

CRÍTICAS DESDE LA ACADEMIA

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas advirtió en un comunicado "sobre los riesgos que amenazan a la República" con la reforma judicial. Según la entidad, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura "contradice lo establecido en el artículo 114 de la Constitución nacional". El texto que firman Manuel Solanet, Santiago Kovadloff y Leonardo Mc Lean también señala que los cambios en las cautelares "pretenden la subordinación de la Justicia al Poder Ejecutivo y confirman la existencia de un proyecto de acumulación de poder"..