A través de la resolución general 2.551, el organismo que dirige Ricardo Echegaray dispuso que los representantes de los fideicomisos regidos por la ley 24.441 no podrán estar condenados, sumariados o procesados judicialmente por delitos aduaneros, impositivos o previsionales; deberán inscribirse en la Inspección General de Justicia, y tendrán un plazo de 180 días hábiles administrativos a partir de la entrada en vigencia de la resolución, para adecuarse a los nuevos requerimientos.

Con esto se tendrán que adecuar los distintos organismos conforme a los requerimientos normativos que ha propuesto el ente de fiscalización.

Por otro lado, el contrato “deberá indicar expresamente” que la asociación se hace responsable por el pago de los impuestos correspondientes a las operaciones a realizar, y de las penas e intereses que se apliquen en caso de infracción. En este sentido el detalle tiene que tener claridad para evitar errores.

Además de los fideicomisos, los nuevos requisitos se aplicarán a las uniones transitorias de empresas, los consorcios de cooperación u otras asociaciones no societarias destinadas a operar como importadoras y exportadoras de bienes.