Al menos 20 mil empleados públicos griegos perderán su trabajo tras un nuevo recorte ordenado ayer por el gobierno helénico, que trata de convencer a la comunidad internacional de que continúe enviándole dinero para evitar el default. El lunes próximo llegará a Atenas una comisión de representantes de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo –la denominada “troika”– para analizar su situación y aprobar el avance del rescate.

En una nueva muestra de que el gobierno griego está dispuesto todo lo que sea necesario para recibir la ayuda económica externa, su Ministerio de Finanzas ordenó a 151 empresas con participación estatal que reduzcan sus plantillas en un 10 por ciento. Entre las empresas afectadas, se cuentan la del ferrocarril, la radiotelevisión estatal, la Agencia de Noticias de Atenas (ANA) y la empresa del gas. Los trabajadores cesanteados seguirán cobrando el equivalente al 60% de su sueldo durante un año y, si tras ese período no pueden volver a ser contratados, quedarán despedidos. Adicionalmente, Atenas anunció que cerrará uno de sus tres canales públicos, con lo que pretende ahorrar 60 millones de euros al año, según el vocero del gobierno, Elias Mosalos.

Para demostrar que la clase política también se ajusta el cinturón, el gobierno griego anunció que tanto el presidente Karolos Papoulias, como sus ministros, los alcaldes y los representantes parlamentarios en Atenas y Bruselas renunciarán a una de sus pagas.

La jornada de ayer había comenzado con una masiva huelga de taxistas que protestaban contra la ampliación del número de licencias otorgadas en el marco de la desregularización de diversos sectores de trabajo local –entre ellos el de camioneros, los abogados y los farmacéuticos– exigidas como condición para aprobar los nuevos créditos.

Los taxistas, en huelga desde el lunes pasado, sostienen que la desregularización llevará a una sobreoferta en el servicio, lo que irá en detrimento de sus ganancias, de por sí afectadas por la crisis que atraviesa el país. A su medida de fuerza, se sumaron también los empleados de las oficinas de impuestos y aduanas, que rechazan los recortes a una serie de incentivos económicos.

Para hoy, los “indignados” griegos convocaron a una marcha en la que también participarán funcionarios y trabajadores del sector privado.

El informe de la “troika” permitiría que se liberen los últimos 8000 millones de euros –de un total de 110 mil millones– correspondientes al primer paquete de rescate de mayo de 2010. Un dinero que el país necesita con urgencia, ya que sólo dispone de fondos para pagar las pensiones y los sueldos públicos hasta octubre.