El gobierno de la provincia llamó a licitación para la construcción del nuevo puerto de Santa Fe, con la intención de adjudicarlo el año próximo y el cálculo de que podría comenzar a funcionar en un lapso aproximado de tres años a partir de entonces. La inversión total es de 174 millones de dólares, de los cuales 40 son aportados por la provincia. El puerto será de carácter público, y lo que se licita, además del proyecto y la ejecución de la obra, y por un lapso total de 33 años, es estrictamente la prestación del servicio a cargo de un operador, para todos aquellos que lo requieran.

“Las estimaciones son que tendría que estar en tres años. Eso es lo que técnicamente se estima como tiempo necesario para el proceso de construcción del puerto. Si el oferente consigue hacerlo antes, tiene más años de ejecución, y si se demora serán menos, de los 33 que abarca la concesión”, aclaró a El Litoral el ministro de Economía, Angel Sciara, quien subrayó la “enorme complejidad” estructural e institucional de la obra.

“Es un contrato de concesión de obra pública, estamos concesionando la construcción del puerto, su operación y mantenimiento. Con un agregado: el adjudicatario tiene que hacer el proyecto ejecutivo final. Nosotros avanzamos en la propuesta de inversión hasta lo que se denomina anteproyecto. Fue la etapa más larga de todo este proceso, y la más conflictiva; que no nos tocó vivirla”, relató el funcionario.

Un largo camino

Sciara recordó que el inicio del convenio con el Fonplata para gestionar el financiamiento “arranca en el año 2003, y cuando nosotros asumimos en la gestión del Dr. Hermes Binner tuvimos que revisar el último informe de la consultora y aprobarlo para poder pagar. Es decir, nos despertamos con un proyecto del cual teníamos conocimiento previo sólo por las noticias.

Tuvimos que ponernos en tema rápidamente, responder a los requerimientos y observaciones de Fonplata y satisfacer la última cuota de pago a la consultora. Pero trabajamos con el convencimiento de que el proyecto era requerido social y económicamente para la región, y en este sentido no había ninguna circunstancia que nos pudiera hacer pensar que no debía continuar”.

Sciara insistió en remarcar la “complejidad estructural e institucional” del proyecto, que a la vez tiene que estar expuesto a los interesados “con absoluta claridad y simplicidad”, ya que sobre esa base deben elaborar el proyecto ejecutivo.

Complejidad

En tal sentido, remarcó que son necesarias cuatro etapas de obras, que deben darse de manera coordinada y concomitante:

1) Estructura e infraestructura del puerto, como punto de transferencia intermodal, del modo terrestre al fluvial. “Esto tiene su propia complejidad, y además le decimos que debe ser un puerto multipropósito, que debe tener por lo menos dos cosas: graneles sólidos y contenedores. Después se puede agregar todo lo que quieran: minerales, graneles líquidos, carga general”.

2) Construcción del acceso vial al puerto.

3) Garantizar que los barcos puedan operar y maniobrar; para lo cual necesita un radio de giro. “Los cálculos de los expertos dicen que es necesario efectuar dragado y ‘cortar’ una isla”.

4) Puente sobre el arroyo Santa Fe.

“Las primeras tres obras son a cargo del oferente, con el aporte del subsidio que otorga la provincia. Pero para llegar a ese acceso es necesario cruzar el arroyo Santa Fe y para eso se necesita un puente. Estas obras tienen que estar todas hechas para que el puerto pueda operar. El agravante institucional es que el puente sobre el arroyo Santa Fe está a cargo de la Nación, lo cual requiere una coordinación temporal para que pueda estar cuando se lo necesite”, argumentó Sciara.

El ministro explicó que “el oferente tiene que tener la garantía de que el puente se va a hacer. Por que si no, todas las otras obras que tiene que hacer no le van a servir de nada y el puerto no va a poder funcionar”.

Condiciones

En otro orden, Sciara remarcó que “una condición del Fonplata fue que el proceso de llevar a cabo la ejecución del proyecto estuviera a cargo de una unidad de gestión conformada al efecto, que es lo que ha hecho el gobernador hace unos días. Esa unidad de gestión es la que hoy está llamando a licitación, va a seguir el proceso, va a conformar las comisiones evaluadoras, va a adjudicar, firmar el contrato, el seguimiento de la ejecución de la obra, otorga y recibe definitivamente el proyecto terminado, y ahí termina. A partir de ahí, la operación del puerto y el seguimiento del mantenimiento queda a cargo del ente portuario”.

En cuanto a las demoras del proceso y el hecho de que la licitación se haga “ad referéndum” de la aprobación que la Nación debe dar a los cambios efectuados en el proyecto, sostuvo que “el núcleo central y la gran discusión de este proyecto fue el punto de localización. Porque la conformación definitiva la va a dar el oferente, con sus propios estudios de mercado. La demora desde 2003 a 2009 era donde se localizaba, hasta que hubo un decreto del gobernador Jorge Obeid que definió, políticamente y con el apoyo de las fuerzas sociales, una de las tres localizaciones previstas como alternativa; el famoso punto G. Ahí se zanjó el problema, y no hay ningún cambio estructural que modifique la aprobación que la Nación había dado al proyecto original”.