Tal como informaba este vespertino digital semanas atrás, a contramano de la Ley de Medios que impulsó el gobierno nacional y siendo funcional para que se mantenga el monopolio del Grupo Clarín en Mar del Plata, el concejal de Pulti, Carlos Aiello, salió a desprestigiar a una empresa local dispuesta a realizar una importante inversión para la instalación de un nuevo servicio de TV por cable en la ciudad.

En la oportunidad, el edil aseguró que si el proyecto del Grupo Sierra no avanzó dentro del HCD durante el último semestre es porque “no es muy serio” ya que “no cumple con una serie de requisitos”. También acusó a la empresa de “insolvente”. Cabe destacar que al otro día y de visita en la ciudad, el Coordinador Gral. de la AFSCA (ex Comfer) fue tajante al respecto de los dichos de Aiello. El funcionario dijo “La evaluación técnica y patrimonial la realiza el AFSCA en todos los casos” y que el Municipio sólo debe autorizar el espacio aéreo o subterráneo.

CARTAS DOCUMENTO

Ante esas expresiones, el Grupo Sierra, a través de su representante legal, el Dr. César Sivo, envió en los últimos días una carta documento a Aiello solicitándole que ratifique o rectifique sus dichos.

Por su parte, Sivo explicó que “a partir de una nota periodística en la que un concejal responde a a preguntas del periodista Carlos Walker, surgen frases agraviantes, absolutamente gratuitas y fuera de lugar”.

“Los funcionarios públicos tienen la responsabilidad de informar y de explicar cuáles son sus criterios de trabajo porque eso hace al principio republicano pero también tienen la responsabilidad y la obligación de expedirse con prudencia, de ser objetivos en su tarea, de ser igualitarios en el trato para cada persona que somete a consideración de un funcionario público alguna actividad propia”, fundamentó.

Sin embargo, señaló que “lo que se advierte fácilmente es que se ha excedido y ha perdido la prudencia que debe caracterizar los actos de gobierno al decir algunas cosas que son claramente lesivas al honor, en este caso, de una persona jurídica como es el Grupo Sierra”. “Además de que no es su facultad ni estaba dentro de sus posibilidades, ni de sus funciones ni de sus atribuciones, lo dice casi peyorativamente”, completó.

En ese marco, el letrado remarcó que “el Grupo no tiene porqué presentar avales económicos porque no es algo que la municipalidad tiene que analizar”, hecho que a su entender “demuestra que el concejal está yendo más allá de lo que la norma dice y está mostrando un aspecto que no se debe dar: la subjetividad”.

“Desde el momento en que él tomó una posición que excede sus atribuciones, que están fuera del marco de su actividad y que se permite calificar o adjetivar de alguna manera al grupo periodístico que se presenta a pedir una autorización en otro plano y en relación a otras cosas, indudablemente lo que está haciendo el lesionar el honor y, por lo tanto, está enmarcado en las figura de injuria del Código Penal, que posee una pena de hasta dos años de prisión y la posibilidad de inhibición para ejercer cargos públicos”, aseveró.

Por ello, indicó, “se le ha enviado una carta documento para que él se pueda expresar en los términos que crea conveniente y después que cada uno evalúe las conductas de cada uno”.

Según dijo Sivo, Aiello podrá “rectificar sus dichos” porque “se puede suponer que se equivocó, que dijo cosas que no debía o sin pensar, entonces que lo explique y se lo explique a todos los ciudadanos y después los ciudadanos evalúen si está bien tener un político que habla a boca de jarro, lanza lo que se le ocurre y no medita lo que tiene que decir, es decir, un político que habla sin filtro”.

“En caso de ratificar sus dichos, será objeto de una presentación de una querella por injurias y será sometido a la Justicia para que resuelva si lo que dijo es injuriante o no”, añadió.

Para el abogado, en este caso, “la carta documento es casi una gentileza cuando no había obligación de hacerla porque se podía iniciar una acción legal y que la Justicia dirima”. “Es casi una gentileza que muestra entre otras cosas la voluntad inequívoca del Grupo Sierra de hacer las cosas como corresponde”, remarcó.

En esa línea, insistió en que “la clave es mostrar que desde este lado la posición es diferente: no es de un antagonismo exacerbado sino de garantizar el respeto que se le debe a toda persona de bien que trata, como en este caso, desarrollar un proyecto; no hay una voluntad de litigar por litigar sino de poner las cosas en su lugar como corresponde”.

En tanto, al consultársele si la intimación alcanza a la totalidad de la bancada oficialista, Sivo afirmó que eso “depende de si este concejal estaba hablando en función de lo que piensa todo el bloque o si fue por voluntad propia, por eso también se le ha enviado una carta documento al bloque de Acción Marplatense preguntándole si esto es una opinión general o una opinión colectiva”. También explicó que además se le envió otra carta similar al Presidente del HCD, Marcelo Artime, para que abra el correspondiente expediente administrativo.

Por último, consideró que “desde el momento en el que uno evidencia que un funcionario tiene una actitud subjetiva en contra de alguien, lo lógico es que se lo inhiba de intervenir y, si lo siguiera haciendo, demostraría que no tiene ni los principios éticos mínimos”.