La  licitación de las 8 nuevas áreas hidrocarburíferas a la que llamó Emesa, la empresa provincial de energía creada por Francisco Pérez en 2013, quedó virtualmente en suspenso, aunque por ahora el Gobierno mantiene la fecha de la apertura del sobre B con la oferta económica para el próximo 25 mientras espera a ver cómo se resuelven las negociaciones entre los gobernadores y la Rosada.

Sucede que el acuerdo entre la Nación y las provincias petroleras en el que están trabajando el Ejecutivo nacional, los mandatarios provinciales e YPF para avanzar en una ley que atraiga inversiones para los yacimientos de combustibles no convencionales, puso en jaque el proceso licitatorio mendocino debido a que postula una serie de reglas radicalmente opuestas a las que están contempladas en los pliegos diseñados por Emesa. 

Detalles del borrador

El borrador que la presidenta Cristina Fernández  dio a los gobernadores el lunes elimina dos elementos centrales sobre los que se basó Emesa para llamar a concurso. El primero es el acarreo, puesto que el texto dice expresamente que “las provincias actuarán en cuanto titulares del dominio sobre los hidrocarburos y en su carácter de autoridades concedentes en los términos de la Ley 26.197, reconociéndose a las regalías como único mecanismo de percepción de la renta petrolera”.

Esto significa que no podrá cobrar, a través de sus empresas de energía, una intermediación para quedarse con otra tajada de la renta. Éste es el punto que más disenso genera entre los gobernadores y la Rosada, debido a que el mecanismo del acarreo fue utilizado por las provincias para recuperar algo del dinero que la Nación les quita al liquidarles las regalías petrolíferas al valor de boca de pozo y no al precio al cual se exportan los barriles de crudo, haciéndose así de una diferencia que oscila entre los 30 y los 35 dólares por unidad. 

Disconformes, los mandatarios señalaron en la Quinta de Olivos que las empresas provinciales de energía, si bien no podrían cobrar el acarreo en la etapa exploratoria, sí podrían cobrar una participación en la explotación. Sin embargo, esta lectura no se desprende del borrador que les dio la Presidenta y será tema central de debate el próximo lunes, cuando se reúnan los gobernadores y los ministros nacionales para redactar el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso. 

El segundo impedimento para la marcha de la licitación de Emesa está escrito en otro de los ejes del borrador que la Presidenta dio a los gobernadores el lunes. “Con relación a las reservas de áreas a nivel provincial y nacional, se tenderá a su eliminación en el futuro, mientras que las existentes serán concursadas mediante procesos públicos y competitivos”, dice la primera parte de este párrafo.

¿Qué significa? Que las áreas que la Legislatura provincial cedió a Emesa cuando aprobó la norma que creó la empresa de energía, deberán ser concursadas y que no podrán persistir en poder de la firma estatal. El término jurídico “reserva de área” hace referencia justamente la cesión que hizo la Legislatura a Emesa de dichas áreas, lo cual le dio la potestad de llamar luego a concurso de las mismas. 

Pero este párrafo tiene una segunda parte tan o más importante. “Las participaciones de empresas en las que los firmantes (las provincias) tuvieran el control, en áreas reservadas o en los contratos de explotación o exploración referidos a tales áreas, serán renegociados de forma bilateral por las empresas participantes y/o socias y las empresas titulares de las áreas reservadas, de modo tal de lograr una reasignación recíproca de participaciones proporcional a las inversiones efectivamente a cargo de cada una de las partes”.

Según técnicos y funcionarios nacionales a los que consultó Los Andes, esto tiene una sola interpretación posible: que las empresas provinciales deberán sentarse con sus socias en las distintas áreas (como puede ser YPF o Shell en el caso de la neuquina GyP) para renegociar los contratos de modo que cada una de las firmas, las provinciales y las privadas, tengan una participación de acuerdo a la inversión realmente hecha por cada una de ellas.

Así, se elimina por esta otra vía el acarreo, que significa para una empresa provincial participar del negocio exploratorio sin poner un peso inicialmente ya que son las “dueñas” de las áreas concedidas. “Nadie sabe cómo se puede colocar en la futura ley la obligación de que se renegocien estos contratos. Va a ser complicado, porque habrá resistencia en las Legislaturas provinciales para adherir”, confió un funcionario nacional. 

“Si pasa esta licitación (la de Emesa), será un milagro y seguramente será la última”, dijo otro funcionario consultado por este diario respecto al concurso que lleva adelante la empresa provincial y que dio origen a la fuerte pelea de Pérez con YPF (que incluyó la reversión del 50% del área de Chachahuén, un tema que no está terminado ya que el Gobernador se sentará a negociar con el CEO Miguel Galuccio en las próximas semanas). 

Menos recursos por Ingresos Brutos y Sellos

Un último aspecto a tener en cuenta es la unificación de los regímenes tributarios nacionales, provinciales y municipales, también enarbolado como objetivo por el borrador. Según se desprende del mismo, es un hecho que las provincias aceptaron dejar en 3% la alícuota que cobran a las petroleras por Ingresos Brutos, un tema que significará a algunas jurisdicciones, en especial a Mendoza que cobra 5%, una baja en su recaudación.

Además, el mismo texto impulsado por la Casa Rosada exige a las provincias no cobrar el impuesto a los Sellos a los contratos relacionados a la actividad hidrocarburífera. De este modo, también habrá una merma para el fisco mendocino. 

Sin embargo, en el Gobierno provincial hacen un buen balance de la futura legislación porque en ella se incluyó no sólo los combustibles no convencionales, shale gas y shale oil, sino también los combustibles pesados, de difícil extracción, que abundan en el subsuelo mendocino y cuya operación demanda un gran costo.

Así, las empresas interesadas en extraer este tipo de crudos arenosos, podrán tener los mismos beneficios que las que quieran sumarse al negocio de Vaca Muerta, por ejemplo. Por ello, Pérez sostiene como un gran logro suyo y de sus pares, que se reduzca de 1.000 millones a 250 millones de dólares la inversión -en 5 años- que deben hacer las petroleras para acceder a las ventajas establecidas en el decreto 929/2013 que permitió la asociación de YPF con Chevron en una pequeña área de Vaca Muerta. 

Al reducirse el requisito de dólares a invertir, empresas foráneas y nacionales podrían interesarse en los crudos pesados mendocinos y generar un círculo positivo de flujo de dólares, explotación y cobro de regalías. 

Fuentes de YPF señalaron que el tope de regalías que podrá cobrar una provincia es 12% y contradijeron así a Pérez, quien señaló, luego del encuentro en Olivos, que éstas ascenderán al 15% porque se añade al 12% un 3% de canon extraordinario. “Ese canon no está previsto en el borrador y además se aclara que el único modo de acceder a la renta petrolera son las regalías”, dijeron en YPF.