No hubo anuncios oficiales, finalmente. Tampoco una desmentida de la estrategia de la gestión de la presidenta Cristina Fernández por dar señales al mercado de regularización de viejas deudas. Durante toda la jornada se dijo que el vicepresidente en ejercicio de la presidencia de la Nación, Amado Boudou, sería el encargado de efectuar el anuncio: un arreglo ante el Ciadi para que cinco empresas, entre ellas Vivendi, retiraran sus demandas y posibilitaran una indemnización, con quita de capital e intereses.

Aunque autónoma, el Centro Internacional de Arreglos de Diferendos relativos a Inversiones (Ciadi) es una entidad que está bajo la órbita del Banco Mundial. Fue creado en 1966 con el fin de buscar soluciones a disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados.

A ese organismo apeló Vivendi, controladora de la ex concesionaria del servicio provincial de agua y cloacas Aguas del Aconquija, que, en 1996, demandó al Estado provincial. Once años después, el Ciadi le dio la razón a la empresa y condenó a Tucumán a pagar U$S 170 millones.

Conocido el fallo, a mediados de 2010, el Gobierno nacional decide pagar la deuda que puso en vilo a la provincia. Fue a través de una addenda firmada entre la Presidenta y el gobernador José Alperovich, en el marco del Plan Federal de Desendeudamiento de las Provincias. Así, el texto expresa: "Tucumán asumirá todo pago que el Estado Nacional deba realizar en relación con el laudo arbitral dictado el 20 de agosto de 2007 en el arbitraje caratulado Compañía Aguas del Tucumán y Vivendi Universal contra la República Argentina (caso Ciadi ARB/97/3), que se tramita en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones". "En tal caso, el modo en que esos importes les serán reembolsados al Estado Nacional deberá ser acordado entre ambas partes", señala el texto del convenio.

"Sólo sé por los trascendidos, pero hasta ahora no tenemos nada firme. Esperaremos", dijo ayer el gobernador a LA GACETA, tras inaugurar un hospital en Concepción. "Oficialmente no hubo comunicación, pero sería una buena noticia, indudablemente", completó el ministro de Economía, Jorge Jiménez. "Vamos a esperar los detalles", añadió.

¿Cómo y cuánto debería pagar Tucumán con este arreglo?

Indudablemente, si hay quita, la deuda total rozaría los U$S 100 millones que, al cambio oficial de ayer, equivaldría a $ 583 millones (casi el valor de una planilla salarial neta del sector público provincial). Y allí surgiría la reprogramación federal de esta nueva deuda de Tucumán:

• El Gobierno local sostiene que el plazo de pago es a 20 años, con un año de gracia para el pago de intereses y amortización, similar al Programa Federal de Desendeudamiento.

• La amortización será en 227 cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al 0,349% y una última que equivaldría al 0,347% del capital.

• Los intereses se capitalizarían mensualmente, con una tasa aplicable del 6% nominal anual.

La cuestión es que Tucumán tendría que pagar entre $ 2,6 millones y $ 3,2 millones mensuales (según la cotización del dólar) a la Nación, que se cobrará el monto que resultare de los recursos asignados a la provincia por coparticipación de impuestos.

Indudablemente, si esa sería la estrategia, se trataría del mal menor: Tucumán pagaría en cómodas cuotas, pero el final del desendeudamiento deberá esperar 20 años más. Con esta posible decisión, el Gobierno nacional quiere dar una clara señal a la Corte de EEUU con el caso de los holdouts, pero para abrirse al mundo y a los mercados aún faltan algunos escalones, como por ejemplo, el pago al Club de París y la flexibilización del cepo cambiario. Si ese es el plan, la regularización de los compromisos está muy cerca.