Cómodamente instalado en la oficina presidencial del Colegio de Abogados de la Capital, Miguel Piedecasas abordó la agenda de temas urgentes del Poder Judicial en su carácter de titular del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM). “Nuestra primera tarea es recuperar la credibilidad de la Justicia”, priorizó durante la entrevista que brindó el miércoles antes de despachar una conferencia en la entidad intermedia. Piedecasas encabezó la delegación de consejeros que viajó a esta ciudad con motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia.

El CM fue incorporado a la Constitución Nacional en 1994 con tres funciones primordiales: preseleccionar a los jueces federales y nacionales mediante concursos públicos; controlar su disciplina y acusarlos ante el Jurado de Enjuiciamiento, y administrar parte del presupuesto judicial. A Piedecasas, letrado radicado en Santa Fe, le gusta decir que su institución está compuesta por representantes de estamentos políticos (seis legisladores y un consejero nombrado por la Casa Rosada) y jurídicos (tres jueces, dos abogados y un académico). El presidente elegido en diciembre con los votos de los consejeros no kirchneristas manifestó su intención de “despolitizar” un Consejo cuyo diseño ha sido modificado varias veces durante los últimos 15 años. Estos cambios instados por la mayoría de turno lo han empujado hacia períodos de parálisis y altas tensiones. “Creo que hoy estamos logrando consensos y trabajando bien”, informó Piedecasas como quien despeja un horizonte encapotado.

-Sin embargo, la Justicia Federal se ha convertido en blanco predilecto de la opinión pública por la impunidad del poder político.

-Hay que hablar del sistema de justicia, que no está conformado exclusivamente por jueces, sino también por fiscales, defensores públicos y abogados. Es un momento para definiciones políticas importantes. La primera tarea es recuperar la credibilidad. Para ello hay que mejorar el sistema mediante una gran inversión en infraestructura. Nosotros queremos respuestas institucionales de calidad con el antiguo esquema deficitario y el ministro de Justicia de la Nación (Germán Garavano) es consciente de esto. Estamos en un momento de cambios por la implementación de adelantos tecnológicos, de un nuevo Código Procesal Penal, etcétera. Los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades. Todos los meses, el Poder Ejecutivo de la Nación asigna sumas complementarias para salarios y gestión: no estamos hablando de obras. Si dispusiésemos de los $ 17.000 millones presupuestados, estaríamos bien. Pero nos dieron $ 13.000. Este es un condicionamiento que hay que superar.

-¿Qué medidas puede tomar el Consejo de la Magistratura para ir hacia la Justicia deseada?

-Hemos ordenado una auditoría plurianual de casos de narcotráfico. Y el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado una fiscalización de expedientes de corrupción en la Justicia Federal porteña. También hemos firmado un convenio con el Consejo de la Magistratura de Italia para intercambiar información sobre criminalidad organizada, corrupción y capacitación...

-¿Se puede modificar la percepción de que los jueces investigan al Gobierno sólo cuando este se va?

-En general, el gran desafío es demostrar que se puede pasar de un Estado de derecho a otro de justicia, donde los magistrados tienen la garantía de independencia y el apoyo de la sociedad para investigar al poder en tiempo real, es decir, mientras el poder es ejercido. Esto implica un salto cultural muy importante: se trata de una condición esencial para la república. Entiendo que los procesos de destitución de jueces deben ser reformulados. Entre 2000 y 2016, el CM recibió 6.000 denuncias; 42 de ellas se convirtieron en sanciones y 34 o 35 fueron giradas al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación. Esto, que parece muy poco, es mucho para la historia argentina.

-Ha habido críticas y dudas recurrentes respecto de los concursos perfeccionados en la última década, sobre todo en el Ministerio Público Fiscal. ¿Los ciudadanos pueden confiar en los procesos del CM?

-Nosotros hemos tenido grandes debates, en especial en materia de subrogancias. Y sólo aprobamos los concursos cuando hubo cierto nivel de consenso, además de que anulamos los que tenían vicios. Está salvada la credibilidad de los concursos. Aunque creo que, hacia el futuro, hace falta una reforma de la composición del CM para que el sector jurídico sea más numeroso que el político porque la Justicia no puede estar sujeta a políticas pendulares.

-Cada tanto se vuelve a debatir si es correcto que los magistrados no paguen impuesto a las ganancias. ¿Qué opina al respecto?

-Es un tema que debe ser resuelto por la vía legislativa o jurisdiccional. Los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) se pronunciaron a favor de tributar. Se trata de una cuestión que debe ser resuelta con el cuidado que merece la garantía constitucional de intangibilidad de los sueldos de los magistrados. Lo que no puede suceder es que el debate siga abierto en forma indefinida.

-Otra discusión es si se puede seguir siendo juez más allá de todo límite de edad. Este asunto, que explotó en el caso de Carlos Fayt, interesa en Tucumán puesto que Raúl Mender sigue siendo camarista federal pese a que pasó hace tiempo la barrera de los 90 años...

-El magistrado que no puede desempeñar sus funciones debe dar un paso al costado. Pero si mantiene las condiciones de idoneidad, ¿cuál es el problema?