La actual situación política se presta para desembocar en uno u otro escenario. Es una tentación el pase de facturas cada vez más abultadas entre un kirchnerismo debilitado por sus propios excesos y un heterogéneo arco opositor que en el Congreso ahora tiene herramientas para controlarlos. Sobran elementos para profundizar el conflicto. En sólo una semana, Cristina Kirchner batió sus propios récords de redoblar apuestas a todo o nada sobre la base de hechos sorpresivos y consumados, sin cuidar demasiado las formas. Insistió en otro DNU a pesar del rechazo legislativo y judicial que había cosechado el primero; incluyó una reforma encubierta de la Carta Orgánica del Banco Central para liberar de responsabilidades a su directorio; transfirió en cuestión de horas las reservas al Tesoro; hizo pagos de apuro a organismos multilaterales y hasta se arrogó el derecho de no respetar la resolución de una jueza federal, imputándole erróneamente la intención de empujar a la Argentina a un default, además de incursionar públicamente en su vida privada. No dejó un solo resquicio para negociar nada con un Congreso que estrenaba, con un delay de nueve meses, el nuevo cuadro político surgido de las elecciones legislativas del 28 de junio. Como ya había ocurrido durante el conflicto con el campo, cuando logró el "milagro" de unir en su contra a la Sociedad Rural y a la Federación Agraria, esta vez consiguió lo mismo con el multicolor archipiélago de la oposición.

No puede decirse que este cuadro haya tomado por sorpresa al oficialismo. De hecho, en los meses posteriores a la derrota electoral de junio se dedicó a anticipar legislación para mantener el control de la caja fiscal y su distribución discrecional (mediante las prórrogas de los superpoderes, de las retenciones, de la ley de emergencia económica y de los principales impuestos nacionales), cuando todavía tenía mayoría automática en el Congreso. Unicamente dejó fuera de este esquema el uso directo de reservas del BCRA para financiar al Tesoro casi sin costo. Tal vez por imprevisión, o porque calculaba erróneamente que el inesperado DNU del Fondo del Bicentenario no iba a tropezar con las resistencias que encontró.

Ahora, la única novedad es que aquella "unión transitoria de intereses políticos", como acertadamente definió a la oposición legislativa el inefable senador Luis Juez, pasó a utilizar "métodos K" para ponerle límites al kirchnerismo. Con excesos, como remover a Mercedes Marcó del Pont antes de interpelarla, o con la zanahoria que implica realinear a los gobernadores provinciales detrás de una caja de casi 10.000 millones de pesos provenientes del impuesto al cheque, que se restarían de los ingresos del Tesoro nacional. Esta última posibilidad afecta al kirchnerismo tanto o más que la eventual anulación del flamante Fondo de Desendeudamiento (FoDe) o el alejamiento de Marcó del Pont. Después de todo, el BCRA está en condiciones de transferirle legalmente al Tesoro (vía utilidades contables y adelantos, o sea, emisión) más de 30.000 millones de pesos para comprar los dólares que necesita para atender las obligaciones externas de este año sin riesgo de default. La diferencia es que esos recursos deberían restarse de otros gastos, en lugar de sumarse como pretende el oficialismo. Tal vez más que una intención destituyente, lo que ya se anticipó es el comienzo de la campaña electoral para 2011; al menos desde el punto de vista de quienes habrán de intervenir en el manejo de la caja fiscal que, hoy por hoy, es sinónimo de poder político.

Cortar la incertidumbre

Si la política se entusiasma con esta aplicación de la ley del talión, la economía se ve afectada por el aumento de la incertidumbre. En términos macroeconómicos, no hay indicadores que anticipen una crisis cercana. Pero se creó innecesariamente un clima de crisis por la explosiva mezcla del renovado ambiente de confrontación política y la inocultable aceleración de la inflación, que el gobierno de CFK opta insólitamente por ignorar. Hace casi tres meses que no habla de otra cosa que del uso de reservas del BCRA (que de una u otra forma utilizará finalmente para pagar deuda pública), mientras agrega gastos que probablemente financiará con mayor impuesto inflacionario. No es extraño entonces que las expectativas inflacionarias (relevadas mensualmente por la Universidad Di Tella y por el consultor Hugo Haime) apunten a más de un 30% para 2010. A mayor inflación, habrá un deterioro del consumo, menos inversión privada, más conflictos y menor crecimiento económico, aunque el PBI hasta ahora apunte a recuperar el terreno perdido en 2009, por la cosecha récord de soja y la mayor demanda de China y Brasil. Esto volverá a traducirse en un alto superávit comercial, el cual no debería alimentar una nueva ola de fuga de capitales por desconfianza.

Para la Argentina en su conjunto, éste no es un buen escenario para conmemorar el año del Bicentenario. Tampoco para vislumbrar las perspectivas del próximo año electoral.

Una forma civilizada de desatar este nudo de expectativas sería replantear el ya desactualizado Presupuesto 2010, con un debate racional en el Congreso, que revise el nivel y destino del gasto, la justificación de subsidios, el costo real de las inversiones públicas, la magnitud de las "cajas" políticas y explicite las fuentes de financiamiento. Es más fácil decirlo que hacerlo, porque implica la necesidad de acuerdos políticos, una práctica olvidada en la Argentina. Si no, equivaldría a convalidar el vale todo fiscal, sin ningún tipo de prioridades.

La primera movida le correspondería sin duda al gobierno kirchnerista, que deberá blanquear un aumento de gastos ya comprometidos (entre ellos, la asignación por hijo) del orden de $ 25.000 millones, no incluidos en el presupuesto de este año y que incluso proyecta aumentar otras partidas. También precisar cómo cubrirá el enorme bache fiscal del sector público sin alimentar aún más la inflación y si el uso de reservas como fuente de financiamiento se limita al ejercicio 2010 o se extenderá a 2011, como muchos sospechan. La oposición, hoy mayoritaria en el Congreso, debería a su vez acordar qué convalida y que no, qué aumento del gasto es financiable y qué partidas deben achicarse. ¿Un escenario de ficción? Nada que no se haga en otros países, excepto en la Argentina.

En definitiva, la política siempre se puede ejercer por las malas o por las buenas. Con chicanas o con gestos de grandeza. Sin ir más lejos, y por invitación del gobernador entrerriano, en abril volverá a la Argentina el presidente uruguayo, José Mujica, esta vez para rehabilitar el servicio ferroviario de pasajeros entre la Argentina y Uruguay a través de la represa binacional de Salto Grande. Doscientos kilómetros aguas abajo del río Uruguay aún sigue cortado el puente Gualeguaychú- Fray Bentos, por la intolerancia política y la desidia en el cumplimiento de las leyes.