La operación financiera que se realizará desde Vialidad Provincial y a partir del Decreto 218 fechado el 5 de marzo, generó ayer una fuerte discusión en la Legislatura, donde la oposición cuestionó la determinación adoptada que, en función de continuar con las tareas, fue defendida por el oficialismo.

Junto con este debate que podría continuar en las próximas horas con una presentación judicial por parte del radicalismo, la Legislatura aprobó el pedido de informes que sobre la deuda había presentado el diputado justicialista Javier Touriñán.

El pedido de informes que la semana pasada había generado un duro enfrentamiento dentro del oficialismo fue aprobado casi por unanimidad, es decir que también fue acompañado por los diputados justicialistas que acompañan fuertemente las posiciones asumidas por el gobierno provincial.

El Decreto de compra de deudas fue firmado por el gobernador Mario Das Neves y los ministros coordinador de Gabinete y de Hacienda, Pablo Korn y Víctor Cisterna, y justifica la operación en la intención del gobierno de evitar la paralización de trabajos y un impacto negativo en los puestos de trabajo.

El diputado del radicalismo Carlos Lorenzo aseguró ayer a Crónica que la operación definida por el gobernador Mario Das Neves será revisada por la oposición que, en principio, entiende que se está "ante un problema serio. El gobierno compró deuda y problemas", aseguró.

En el mismo tono Lorenzo mencionó que muchos de los certificados estaban impagos porque había un retraso manifiesto en las obras y puso como ejemplo las de los ingresos a las localidades de Cholila y Río Pico.

"Vialidad Nacional tenía serias objeciones con algunas obras y por eso estaban en conflicto. Provincia en esta operación controvertida compró los certificados y habrá que ver si el gobierno nacional quiere pagarlos", expresó.

Para simplificar su postura, el ex ministro de Carlos Maestro consideró que Das Neves "concretó el sueño de la deuda propia. Se estaba discutiendo si era pública o privada, ahora se estatizó la deuda que Nación tenía con las empresas privadas", advirtió.

El diputado justicialista Javier Touriñán, quien tuvo una posición distinta a la del gobierno y mayoría del bloque sobre el monto de deuda que reclamaba la provincia, indicó que "al final, aunque no se lo más importante, me están dando la razón".

El ex concejal recordó que uno de los puntos que objetaba era que dentro del monto de los 353 millones, provincia incluía casi 200 millones que eran deuda que Nación tenía con las constructoras.

"Ahora se aprobó el pedido de informes por el que pedíamos la documentación para reclamar como y lo que correspondía, pero también compraron la deuda a las empresas, con lo que demuestran que no era pública", apuntó.

Más allá de adelantar que analizará la operación de compra, el diputado llegó a aceptar que "si la intención es que las obras no se paralicen está bien", pero insistió en que la deuda que hasta ahora se reclamaba no era tal sino que "estaba inflada, con claras motivaciones políticas".