Comienza a confirmarse así que la transición de un gobierno a otro destaparía la caja de Pandora (*). De allí, de esa olla a presión puesta a calentar de a poco y ya en plena ebullición, comienza a asomar una realidad irrefrenable, que no puede atribuirse al mero y previsible hecho de un traspaso de poder político, ni a las culpas de un gobierno saliente, ni a las presuntas medidas que tomaría el entrante.

Es una realidad que estaba, solo que escondida, disimulada, camuflada.

Los precios (los del pan, harina mediante, los de la carne, especulación mediante) subieron en menos de una semana, propiciados por la coyuntura política. El oficialismo saliente dice que la culpa es del oficialismo entrante. Que se ha disparado todo por la mera expectativa de una gran devaluación, que el gobierno entrante niega. El gobierno saliente aplica la misma receta en sus agónicos días de retirada: multar a supermercados por la indisciplina. Es como querer juntar toda la arena de las playas argentinas de a un granito por vez, y esperar con esa medida terminar con los médanos y alisar la superficie.

La macro economía se mezcla en la misma sinrazón con la economía cotidiana. El déficit fiscal creció diez veces en un año, y cerró en más de 157 mil millones de pesos. Lo ha anunciado, sin pudor, el ministerio de Economía que conduce Axel Kicillof. Ya no vale la pena ocultar nada. Ahora es mejor revelar y echarle la culpa al que viene, en este raro ejercicio de revertir la carga acusadora habitual. Es el mismo mecanismo que produjo el milagro de extender la retracción del 15 por ciento de la coparticipación federal a favor de las provincias. Algo que este gobierno (y los anteriores) se habían negado a hacer para no desfinanciar al Estado nacional. Ahora, el problema será para Mauricio Macri, que tiene previsto una reunión con todos los gobernadores el 11, al otro día de asumir la Presidencia.

¿Qué les dirá a los mandatarios el nuevo Presidente? ¿Cómo negar lo que está bien hecho, aunque en una oportunidad desacertada?

Neuquén recibirá por esa retracción ordenada por la Corte para tres provincias, y extendida a todas, incluida la Ciudad de Buenos Aires, por el Decreto de Necesidad y Urgencia de Cristina Fernández y su Gabinete, unos 1.500 millones de pesos más en 2016. Implicaría, prácticamente, borrar el déficit calculado en el presupuesto provincial, que ascendía a unos 1.600 millones.

¿Cómo decir que no a este regalo, justiciero aunque inoportuno en el contexto nacional que se ha decidido?

El desatino económico tantas veces anunciado, se concreta así, un poco por la naturaleza misma de la economía, otro poco por intención aviesa del gobierno que se va, y otro poco por la carga de expectativas positivas y negativas que trae el nuevo Gobierno, inocente hasta ahora, pues no ha comenzado su gestión.

Singularidades argentinas, algo con lo que los argentinos tendremos que lidiar.