Apenas días más tarde se produjo una fuerte polémica por la contratación de familiares de funcionarios nacionales en importantes cargos públicos. La crítica alcanzó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, cuya esposa fue designada por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, como Directora de Relaciones Institucionales de la sociedad del Estado Radio y Televisión Argentina (RTA).

La situación fue especialmente controvertida debido a que el ministro tiene a su cargo las reformas que el gobierno se propuso en materia de empleo público, por las cuales se desvinculó a 6.200 personas (cifra oficial), se anunció la revisión de 11.000 concursos y fueron cancelados convenios laborales con universidades nacionales.

HACE DÉCADAS QUE LOS NOMBRAMIENTOS DE FAMILIARES PROLIFERAN A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL

El debate no es nuevo ni alcanza sólo al gobierno nacional. Hace décadas que los nombramientos de familiares proliferan a nivel nacional, provincial y municipal. Desde la designación de Ibrahim al Ibrahim como asesor de la Aduana en 1989 (ex militar sirio que no hablaba castellano y esposo de Amira Yoma, cuñada y Secretaria de Audiencias del ex presidente Carlos Menem), hasta la de Delfina Rossi, hija del ex ministro de Defensa, como Directora en el Banco Nación, los argentinos nos hemos indignado y acostumbrado con la misma intensidad al espectáculo de funcionarios que "acomodan" a su parentela en el servicio público. La diferencia ahora es que se trata de un gobierno que dice venir a luchar contra la corrupción, a transparentar el uso de los recursos, a jerarquizar el servicio civil y a terminar con los "ñoquis", a lo que se agregan los despidos en el sector público, que en muchos casos no son debidamente justificados.

LOS FUNCIONARIOS ALEGAN QUE NO SÓLO NECESITAN PERSONAL IDÓNEO, SINO TAMBIÉN "DE CONFIANZA"

Los argumentos de un lado y del otro han sido siempre los mismos. Los funcionarios alegan que no sólo necesitan personal idóneo, sino también "de confianza", mientras los críticos sostienen que hay favoritismo aun si se trata -lo que no siempre es el caso- de personas capacitadas. En particular, el ministro Ibarra explicó que es imposible llevar a cabo el abordaje de temas que se propone el gobierno sin equipos técnicos integrados por personal idóneo y de confianza al que ya se conoce. Además, distinguió los procesos de ingreso al Estado que, según dijo, "deben ser por concurso" y a los que, por tanto, se va a jerarquizar estableciendo una carrera pública con transparencia y principios de mérito, de los casos en los que no rige la ley de empleo público o en los que se trata de plantas de gabinete o "privadas" de los funcionarios. Respecto de la situación puntual de su esposa, señaló que es una persona idónea y reconocida y que "si la eligen para un cargo que no es por concurso es una decisión de la persona que la toma" porque no rige la ley de empleo público, sino la ley de contrato de trabajo.

Al respecto, corresponde destacar tres puntos centrales. Primero, una breve consideración sobre la cuestión del régimen de empleo y la noción de "confianza". Es cierto que, en el marco de la maraña de regímenes normativos aplicables al ingreso a la administración pública nacional, el personal que se desempeña en las plantas de gabinete o en las privadas de los funcionarios no debe cumplir con procesos de concurso. Ello explica que allí suelan ir a parar los parientes pero, desde luego, no lo justifica. A raíz de la polémica ya referida, el ministro Ibarra dijo que el gobierno está pensando en implementar sistemas de concurso que abarquen también a ese tipo de personal. Es de esperar que lo haga, pues mantener el status quo es incompatible con cualquier agenda de transparencia, ética y lucha contra la corrupción.