Esa cifra es la que ingresaría en los próximos años por renegociación. Antes de fines de 2013 se formalizarán cerca de 20 contratos. Admiten que la cifra es mucho menor a la lograda por Neuquén.
Ayer, el ministro de Economía, Alejandro Palmieri, transparentó el optimismo gubernamental con la actual negociación en más de una veintena de contratos petroleros, que comenzarían a formalizarse antes de fin de año.
Una docena de empresas buscan la renovación de sus concesiones rionegrinas, que vencen entre el 2015 y 2017.
El mecanismo comprende nuevas condiciones y además, el pago especial por su prórroga, cuya expectativa original rondaba en los 100 millones de dólares.
La Secretaría de Energía, a cargo de Guillermo Gesualdo, ratificó recientemente ese objetivo aunque sus técnicos expresan un optimismo mayor, incluso llegando a los 200 millones.
La cifra
Ayer, Palmieri hizo pública la real y actual estimación del gobierno de Alberto Weretilneck, previendo ingresos de hasta 180 millones de dólares.
En diálogo con LU 19, el ministro sinceró que Río Negro no tiene la actual proyección petrolera de Neuquén.
"Se está algunos años detrás y con una cuenca marginal. Hoy, la política provincial está orientada a realizar una muy buena negociación de las áreas petroleras, como lo hizo Neuquén hace algunos años y muy importante inversión de recursos", explicó.
"Gesualdo -agregó- esta abocado a las buenas negociaciones para que estos procesos estén cerrados en pocos meses, permitiendo de aquí al final de la gestión en el 2015 puedan ingresar 100, 150 ó 180 millones de bonos que conocemos es la cantidad.
Es mucho menor que lo logrado por Neuquén pero responde a la marginalidad de la cuenca", insistió.
Pedido de Piccinini
Recientemente, la legisladora Ana Piccinini reiteró su solicitud de información a Gesualdo en referencia al estado de las negociaciones por las prórrogas de contratos, aludiendo al mecanismo de la ley 4818.
Así, pidió precisiones cuántas y cuáles empresas expresaron su voluntad de prorrogar sus contratos y, además, si están dispuestas a someterse al mecanismo de control legislativo, que prevé una audiencia pública.
La legislación establece un procedimiento para extender por 10 años.
Los acuerdos iniciales serán elevados a la Legislatura para su ratificación, aunque inicialmente, en audiencia pública, las partes deberán rendir informes de sus características.
También se prevé la creación de una comisión de seguimiento con funcionarios, legisladores, municipios productores y representantes del sector petrolero.
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