La decisión fue adoptada por el Honorable Concejo Deliberante de El Hoyo que aprobó la creación de ese organismo, cuya misión será determinar la legalidad de una venta de tierras municipales a Korn.

La Comisión quedó conformada por los ediles Pol Huisman (Nuevo Encuentro) y Silvia Larenas y Jonathan Christ (Frente para la Victoria), y fue sancionada conforme manda la ley de Corporaciones Municipales y el reglamento interno del HCD de El Hoyo.

Fueron cinco los concejales (de todos los bloques) que votaron por la aprobación de la Comisión, y lo hicieron tomando en cuenta una carta de vecinos de la localidad en la que denunciaban al menos tres irregularidades en la venta de tierra municipal, entre ellas una inspección realizada con posterioridad a la venta, la imposibilidad del municipio de adjudicar en venta a un privado más de un terreno fiscal, y la preexistencia de pobladores ocupantes en el terreno; todas irregularidades que fueron constatadas en la sesión especial del concejo, y que dan fundamento a la sospecha que da origen a la comisión investigadora.

En los últimos días en la localidad hubo asambleas de vecinos y comunidades de pueblos originarios que, además de juntar firmas para reimpulsar la conformación de la comisión investigadora, se solidarizaron con el concejal Pol Huisman a quien el Dr. Enrique Alejndro Korn, mediante carta documento amenazó para que desista de la investigación.

La Comisión tendrá la potestad de citar a testigos, generar audiencias públicas, y elaborará un informe que presentará en sesión ordinaria. Se estima que el plazo de trabajo será de 120 días.

El diputado radical Carlos Lorenzo recordó que Enrique Korn tiene un pleito sobre la adjudicación de unas 1055 hectáreas de tierras fiscales habitadas por las familias Larena y Quilodrán en El Hoyo contrariando las disposiciones de la Constitución Provincial, la Ley de Corporaciones Municipales y la Ordenanza de Tierras del propio Municipio que regula el procedimiento para la adjudicación en venta de tierras fiscales.

En tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, viene denunciando irregularidades en el manejo de las tierras desde hace varios años, ya que consideran que se intenta enjuiciar a los legítimos pobladores, pretendiendo enmarcarlos bajo la figura de usurpadores de su propia tierra.

“Son varios los políticos que incurrieron en el delito de violación de deberes de funcionarios públicos” y pusieron como antecedente el dictamen del fiscal general del Ministerio Público de Esquel, Martín Zacchino, “al sancionar la Ordenanza 44 / 95 y adjudicar posteriormente a Enrique Korn 1.055 hectáreas de tierras fiscales habitadas por las familias Larenas y Quilodrán, contrariando las disposiciones legales de la Constitución Provincial, la Ley de Corporaciones Municipales y la Ordenanza de Tierras del propio municipio, que regula el procedimiento para la adjudicación en venta de tierras fiscales”, señala esa entidad defensora de Derechos Humanos.