El puerto de Quequén quedó otra vez envuelto en polémica por los presuntos conflictos de interés dentro del directorio del Consorcio de Gestión y la continuidad de las prórrogas sin una nueva licitación a la empresa Terminal Puerto Quequén S.A. Distintas denuncias pusieron el eje en la inseguridad jurídica, el freno de inversiones y el accionar de las autoridades provinciales. Sin embargo, el Consorcio recogió el guante y aclaró los tantos pese a la polémica que ya se instaló.

Distintos referentes del sector plantearon de forma crítica la extensión a la concesión de la Terminal por 18 meses, hasta fines de 2027, cuando el vencimiento del contrato original fue en noviembre de 2022 y, desde entonces, no existió un nuevo plan de inversiones. Es por ello que la empresa continúa operando bajo las mismas condiciones, sin realizar los desembolsos para una nueva concesión. 

Los denunciantes sostienen, además, que parte de las obras de mantenimiento e infraestructura que corresponden al concesionario están siendo ejecutadas por el propio Consorcio con recursos públicos, hecho que afecta a las arcas de la Provincia por hacerse cargo de obras pertenecientes a la Terminal. También cuestionan la composición del directorio, al advertir que parte de sus integrantes representan a empresas, cámaras o cooperativas, lo que configurarían presuntos conflictos de intereses. Ejemplo de ello es Daniel Arce, quien es Director Ejecutivo de Terminal Quequén, a la vez que integra el Consorcio. 

Según ese planteo, quienes deben definir los pliegos y resolver las prórrogas intervienen en decisiones que podrían beneficiar a los sectores que representan, hecho que derivaría en excusaciones e incluso tener consecuencias judiciales. Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de conducción política de la gestión Kicillof, porque el Consorcio funciona con una presidencia interina surgida del propio directorio y no con una autoridad designada por el gobernador.

De esta manera, la gestión bonaerense es cuestionada por mirar para otro lado frente una prórroga que lleva más 4 años sin tener un pliego, además de no contar con una licitación definitiva a la vista, con la responsabilidad del propio Kicillof y del ministerio de la Producción que comanda Augusto Costa. Por otro lado, se plantean dudas sobre el destino de los recursos públicos consignados a obras que deberían ser afrontadas por la empresa. Desde el Consorcio rechazaron los cuestionamientos y atribuyeron la nueva prórroga a la necesidad de revisar el pliego de licitación tras el derrumbe de un silo ocurrido en enero (ver cuadro).

Los denunciantes se preguntan por qué Axel Kicillof deja pasar el tiempo sin resolver la concesión de la Terminal. Sin un proceso licitatorio a la vista y con las prórrogas como única salida, en el Puerto crecen las sospechas por el manejo de los recursos públicos. 

JOSE LUIS DE GREGORIO - EXPRESIDENTE PUERTO QUEQUÉN

“Se está invirtiendo en otros puertos porque acá no hay reglas claras” 

José Luis De Gregorio, expresidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, cuestionó con dureza las sucesivas prórrogas otorgadas a las concesiones de Terminal Quequén y aseguró que la falta de una licitación genera un perjuicio económico para el puerto y la región. En esta línea sostuvo que el vencimiento de la concesión era una situación previsible y la Provincia tuvo tiempo suficiente para preparar un nuevo proceso licitatorio.

También remarcó que las prórrogas permiten a la empresa evitar inversiones obligatorias. “Hace cuatro años que Terminal Quequén no está invirtiendo. Con esta 

última prórroga de 18 meses se está ahorrando la plata que debería destinar al plan de inversiones”, señaló. 

Además, advirtió que el propio Consorcio está financiando obras que deberían ser ejecutadas por el concesionario. “El Consorcio está mejorando los muelles y los ingresos con plata propia, cuando eso tendría que estar contemplado en el plan de inversión que se le exige al concesionario”, afirmó.

El exfuncionario también puso el foco en las presuntas incompatibilidades dentro del directorio. “El gerente de Terminal Quequén es al mismo tiempo director del Consorcio. Se está prorrogando a sí mismo y tiene información privilegiada”, denunció.

En esa línea, apuntó contra la administración bonaerense por la demora en avanzar con una nueva concesión. “La Provincia no asume la responsabilidad de hacer una simple licitación”, cuestionó. Y agregó: “Los mismos directores que firman las prórrogas son los que después dicen que no tienen tiempo para hacer el pliego”. Finalmente, De Gregorio advirtió que la continuidad de este esquema “está causando una inseguridad jurídica e institucional peligrosa”, y sostuvo que la falta de definiciones desalienta inversiones. “Hay empresas que están invirtiendo en otros puertos porque acá no hay reglas claras. Se va pateando el problema y todo indica que lo terminarán dejando para el próximo gobierno”, concluyó.

TERMINAL QUEQUÉN S.A 30 AÑOS DE HISTORIA SIN FIN

La concesión original de Terminal Quequén S.A. venció en noviembre de 2022. Desde entonces, ante la falta de una licitación definitiva, el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén implementó un esquema de sucesivas prórrogas anuales y de corto plazo. La función principal es la exportación de granos, subproductos y aceites hacia los mercados internacionales. 

MARIANO CARRILLO - PRESIDENTE PUERTO QUEQUÉN

“El vencimiento de las concesiones es una oportunidad”

El presidente del Consorcio del Puerto, Mariano Carrillo, aclaró los cuestionamientos respecto a las incompatibilidades del directorio en la prórroga a la Terminal. Señaló que “no es saludable hacer prórrogas, pero lo que sucede es que en el mes de enero tuvimos un derrumbe de un silo y eso fue una cuestión bastante compleja y no hubo que lamentar más que daños materiales. Pero eso llevó a toda una revisión de los pliegos que estaban en tratamiento, porque ahora hay obras urgentes y otras de mediano plazo, y eso incide directamente en la ecuación económico-financiera del pliego que finalmente se pone a disposición de los oferentes. Hubo un elemento más que llevó, indudablemente, a una dilación en todo esto, que no era querida por nadie, pero ocurrió y hubo que tomar el toro por las astas y realizar la experiencia cuyas conclusiones también van a obrar oportunamente en el expediente porque eso, insisto, genera una revisión de la cuestión. Ese fue el motivo de la última dilación, de la última prórroga, y la extensión en el tiempo tiene que ver precisamente con este esquema de obras urgentes que tiene que ser terminado y no podemos esperar al nuevo concesionario, sea cual fuere, sea que continúe el mismo o que viniera otro. También está el plazo y el camino para una licitación internacional, porque todos sabemos que es de varios meses”. 

Asimismo, recalcó que “en este caso, inclusive, tiene el agravante que al ser yo un presidente interino o provisorio, necesito, por obvias razones, consultar a la Provincia, que emitirá su juicio previo a dictamen de más de un estamento sobre las conveniencias y oportunidades de los pliegos. Por eso, no puedo, sin más, desde el directorio, gestionar esa aprobación porque yo soy un presidente que eligió el mismo directorio, no soy un presidente permanente que es aquel que elige el Gobernador, que tiene otra legitimidad de origen, de la cual yo carezco”.

En referencia a los cuestionamientos e incompatibilidades subrayó que “eso de pertenecer a distintas empresas o a distintos sectores portuarios está previsto en la propia ley de creación.Cuando la ley establece la creación del Puerto de Bahía y del puerto de Quequén, los cuales se someten a un mismo plexo normativo, tiene en la composición del directorio claramente una asignación a los sectores del quehacer portuario. Y reserva para el poder político el director municipal y el director provincial. Pero el gobierno y la administración, la propia ley, claramente lo dice, es del directorio plural, donde hay nueve directores. Solo dos son funcionarios públicos y siete no lo son. Y pertenecen a las cámaras, sean empresariales o sean prestadores de servicios. Siempre vas a tener esa posibilidad de impugnación genérica, pero vas a chocar contra la ley”.

ASAMBLEA POR LA RECUPERACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR

"El único que puede romper ese engendro totalmente perjudicial para el país es el Estado"

Miguel Bayón, integrante de la Asamblea por la Recuperación del Comercio Exterior, respaldó las denuncias sobre las concesiones de Puerto Quequén y aseguró que el vencimiento de esos contratos representa una oportunidad para que el Estado recupere el control de la actividad exportadora.

"El objetivo central de la Asamblea considera que una oportunidad es el vencimiento de las concesiones", afirmó Bayón, quien sostuvo que la Provincia debería "no renovar la concesión" y crear una sociedad exportadora estatal para recuperar "la renta que se pierde por no comercializar el principal producto de nuestro propio suelo".

Sobre las denuncias, explicó que el empresario comenzó a advertir "incompatibilidades" dentro del Consorcio de Gestión cuando decidió interesarse en la futura licitación. "Hay dos directores que representan a las terminales y a los exportadores, y están armando una licitación donde ellos mismos quieren participar. Eso es una incompatibilidad", cuestionó. También señaló que otros representantes del directorio mantienen vínculos con sectores exportadores, lo que, según su visión, termina favoreciendo a los actuales concesionarios.

Bayón sostuvo que la propuesta de la Asamblea apunta a que el Estado recupere el control de las terminales una vez vencidas las concesiones y tenga un rol activo en el comercio exterior. "El único que puede romper ese engendro totalmente perjudicial para el país es el Estado", afirmó. En ese sentido, planteó que la creación de empresas testigo permitiría transparentar los precios, las condiciones de exportación y disputar el control del mercado a las grandes multinacionales.

Finalmente, Bayón sostuvo que recuperar el control estatal del comercio exterior no solo tendría un impacto económico, sino también estratégico. A su entender, permitiría fortalecer la capacidad de regulación, mejorar las condiciones para los productores y reducir la influencia de las grandes empresas exportadoras sobre el mercado.