El número 89 comenzará a retumbar cada vez con más fuerza y promete convertirse en el centro del debate preelectoral. Oficialistas y disidentes leen y releen el artículo 89 de la Constitución Nacional que dispone que "para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación, se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo". Con las encuestas en la mano que muestran una importante imagen positiva de Francisco de Narváez (ver infografía), el debate no tardará en llegar a la sociedad. El diputado nacional lo sabe y por ello comenzó a advertir en su entorno que el hecho de haber nacido en Colombia no le impide ser candidato a presidente en 2011.

Inmediatamente, para objetar este artículo, en el entorno del empresario mencionan el artículo 16 en el que se sostiene que "todos los habitantes son iguales ante la Ley". Por ahora, el empresario descarta hacer una consulta a la Justicia y esperará las impugnaciones en el caso de que finalmente se postule. Pese a que descartan cualquier pedido de declaración de certeza a la Corte Suprema de Justicia, un dirigente cercano al diputado insiste en aclarar que "Francisco no es colombiano" y remarca que "el Colorado no tiene ningún impedimiento para ser candidato. Desde el kirchnerismo y desde el peronismo disidente (Duhalde y Solá) dijeron que Francisco es colombiano, pero él es argentino, nació en Colombia, pero se nacionalizó argentino. Parece haber un ciudadano argentino de primera que puede ser candidato y otro que puede ser discriminado por su origen", sostuvo a PERFIL un hombre de su círculo. Este es uno de los argumentos que el entorno de De Narváez aprendió al pie de la letra después de que en 2007 obtuvo un fallo a favor de la Suprema Corte bonaerense para postularse a gobernador. En su dictamen, el Tribunal estableció que "no puede haber ciudadanos de primera y de segunda".

Sin embargo, la estrategia judicial se remontará al año 2004, cuando el juez Pedro Hooft, nacido en Holanda y nacionalizado en Argentina, quiso presentarse para camarista y la Constitución le exigía que fuera nacido en este país. El caso llegó a la Corte, que por mayoría le dio la razón, al plantear que "los pactos internacionales impiden discriminar por razones de nacionalidad". "Este fallo fue firmado por todos los jueces de la Corte actual", descansan en el entorno del empresario.

Aquí aparecen el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, con rango constitucional, que establecen la igualdad de derechos entre ciudadanos y el último "prohíbe discriminar por razones de raza, de religión o por origen nacional".

"Hay antecedentes en los que ya primaron los pactos internacionales como en los crímenes de lesa humanidad. En una interpretación dinámica del derecho, si estos pactos se incorporaron en la reforma de 1994, si hay contradicción, se opta por los tratados internacionales", sostienen los asesores de De Narváez.