En la Argentina del siglo XXI, el doble discurso parece estar más latente que nunca, ya que mientras se dice una cosa en público, en la realidad se hace y se piensa todo lo contrario a lo que se dice. Esta clase de comportamiento ha sido una constante a lo largo de todo el gobierno K, en una acción esquizofrénica por parte del oficialismo.

En el día de ayer, la presidenta Cristina Fernández, le pidió a los "máximos responsables del Poder Judicial" que, "en vez de dar tantos discursos contra el narcotráfico", dote de mayores recursos a los juzgados federales encargados de causas contra el tráfico de drogas. 

Ricardo Lorenzetti, titular del máximo tribunal, fue el blanco central de las críticas oficiales, al sostener que “en lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes son los máximos responsables del Poder Judicial, deberían dotar de mayor cantidad de empleados, recursos y elementos para que puedan hacerlo eficazmente". La ofensiva del gobierno contra Lorenzetti toca uno de los temas más sensibles para los argentinos, como lo es el avance que ha tenido el narcotráfico en el país durante la mal llamada década ganada. 

Una de las consecuencias de la inacción oficial, es ver un país desprotegido en sus fronteras, con radares que no funcionan, nulo entrenamiento de las Fuerzas de seguridad, flota naval inexistente, miles de pistas clandestinas, falta de scanners para controlar los containers que entran por los puertos, falta de personal en juzgados para seguir las causas iniciadas por narcotráfico, entre otros temas que han hecho de nuestro una tierra fértil para el accionar narco.

En diálogo con Hoy, el senador nacional Mario Cimadevilla (UCR), miembro de la Comisión de Seguridad Interior y narcotráfico en la Cámara alta, aseveró que “no se ha encarado absolutamente ninguna política de Estado respecto al narcotráfico, y las palabras de la presidenta son lamentables y preocupantes para todos los argentinos”.

Según el legislador chubutense, “la Argentina hoy es un país que no tiene las fronteras protegidas. La falta de radarización es un impedimento insalvable para poder controlar el narcotráfico en el país. Las pistas clandestinas son una consecuencia de esta falta de radarización que hace que los narcos se manejen a su antojo en diversos territorios del interior del país”.

La presidenta le dice a Lorenzetti que le dé más dinero a los juzgados, pero el presupuesto lo aprueba en el Congreso una mayoría oficial, teniendo el jefe de gabinete superpoderes para cambiar los rumbos de cualquier partida. En la capacidad para distribuir el presupuesto tiene directa responsabilidad el gobierno porque es el que debe ejecutarlo, de ahí a que suenen a débiles excusas las palabras de la Jefa de Estado.

“Este es un tema claramente de mezquindades políticas, ya que el oficialismo nunca tiene la culpa de nada, la culpa de lo que sucede siempre la tiene el otro. El gobierno no implementó ninguna política de Estado para acabar con el narcotráfico y siempre la culpa de lo que pasa en este tema la tiene el otro sin asumir nunca ninguna de las responsabilidades que le competen”, resaltó Cimadevilla.

La Argentina se ha transformado en productor y exportador de droga. La ineptitud mostrada por el gobierno se ha visto en la ramificación de negocios provenientes del narcotráfico, como el blanqueo de capitales, que hace que la falta de controles del poder oficial esté a flor de piel y con un flagelo que en vez de disminuir, aumenta, poniendo en riesgo a toda una sociedad de cara al futuro cercano.

Fronteras débiles

Un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN) a fines del año pasado, reveló la crítica escasez de personal, carencia de equipamiento y tecnología obsoleta, entre otras falencias en los puestos de las fronteras argentinas.

En base a un relevamiento de 30 de las 59 aduanas que hay en el país, la AGN detectó escasez de personal, infraestructura edilicia y operativa colapsada y equipamiento inadecuado. Las irregularidades afectan a los puntos de entrada y salida terrestres, fluviales o marítimos.

Entre los puntos centrales del informe de la AGN, se remarca el hecho de que la aduana seca de la provincia de Santiago del Estero, con una jurisdicción de 137 mil km2, sólo contaba con dos agentes verificadores en su plantel. En esa provincia se produce gran parte del carbón vegetal del país, que es un material muy utilizado por los narcotraficantes para esconder estupefacientes, ya que posibilita no ser detectados por los canes antidroga.

Aduanas descuartizadas

Uno de los grandes problemas que vive la Argentina es el escaso poder de control con el que cuentan las Aduanas, ya sea por incapacidad, así como también por falta de tecnología para poder cubrir los grandes espacios en los puertos del país.

Nuestro país no cuenta con los scanners suficientes para poder revisar la inmensa cantidad de containers que entran diariamente a los puertos argentinos. No hay suficiente personal en las fronteras y otros puestos de aduanas, e incluso no se asignan suficientes agentes cuando se crean nuevas aduanas.

A este panorama cargado de incertidumbre, se le suma una inadecuada capacitación para llevar adelante las tareas de supervisión y la escasez de programas para superar esas carencias demostradas por los organismos estatales. La Aduana, que aporta el 14 por ciento de los ingresos del sector público nacional, hasta carece de computadoras.