Por otro lado, un operador del instituto presentó un escrito en Diputados solicitando juicio político al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, y al ex titular de Bienestar Social, Gustavo Fernández Mendía. Además, dio a conocer ciertas irregularidades del organismo, y también hizo referencia a que uno de los menores involucrados en el doble crimen de la familia Epifanio pasó por el Ipesa con varios ingresos a las comisarías.

En rigor, desde este medio se intentó entrevistar a Ganuza para preguntarle sobre los cuestionamientos a la política con la que el Estado provincial maneja el Ipesa, un organismo destinado a la contención y socialización de adolescentes en conflicto con la ley penal. De acuerdo a las fuentes consultadas, actualmente en el Ipesa hay tres menores internados por el caso del matrimonio Epifanio, y otros dos que tuvieron participación en el ataque al policía Ariel Gualpas.

Las consultas periodísticas para la directora de Niñez y Adolescencia, que ejerce el cargo de responsable del Ipesa también, son claras: cómo se trabaja actualmente en la institución con los menores, si existe vaciamiento como se denunció, y principalmente en qué condiciones se decide que un menor que ingreso al instituto está resocializado y óptimo para egresar. O sea, ¿cuál es el criterio que se toma para el egreso de los menores?.

Doble crimen.

Operadores que conocen la situación hicieron llegar a esta redacción una copia de una presentación realizada en la Legislatura para dar a conocer su visión sobre lo que sucede en el Ipesa. Adjuntaron allí una denuncia ante el fiscal Carlos Ordas por las "gravísimas irregularidades" y otra nota dirigida al gobernador Oscar Jorge por un supuesto "vaciamiento".

En el escrito, aseguraron que uno de los jóvenes de 16 años involucrados en el doble crimen del matrimonio de Héctor Luis Epifanio y Graciela Aurora Torrent, asesinados el jueves 11 de este mes, en su vivienda de la avenida Pedro Luro al 2600 de esta capital provincial "era egresado del Ipesa" y tenía antecedentes importantes.

"El principal sospechoso de 16 años -amplió- registraba hasta dos ingresos por semana en comisarías, con hechos por robo calificado, con uso de armas, revolver, cuchillo, asaltos violentos en la vía pública, ingresos a comercios rompiendo vidrieras, hurto de chequeras en colegio y posterior uso para cometer estafa".

En el documento se agrega que "desde el Ministerio de Bienestar Social siempre se mantiene la postura de trabajo con los menores en conflicto con la ley penal, enmarcado en un nuevo paradigma, y muchas veces ante cada hecho delictivo quienes tienen la guarda no pueden sostener ni contener a los mismos, con el agravante que el Estado no permite alternativas".

Los operadores indicaron que "suponiendo que el menor de 16 años no tenga relación con el hecho, no debemos dejar pasar por alto que la policía lo detiene como sospechoso por la cantidad de delitos cometidos y muchos de ellos con violencia", mientras que desde el MBS "nadie toma la responsabilidad por lo menos de sugerir su internación en un instituto acorde a su grado de consumo y peligrosidad con la que se maneja en libertad".

Denuncia.

Los trabajadores también enviaron una copia de la nota girada al gobernador Jorge sobre un supuesto vaciamiento del instituto provincial de adolescentes, hoy a cargo de Ganuza. "En ese vaciamiento se incluía la externación sistemática de los menores alojados con causas judiciales sin tener en cuenta si estarían o no preparados para reinsertarse en la sociedad, habida cuenta que el Juzgado del Menor de Pico contaba con jóvenes para institucionaliza, con infinitas causas delictivas pero Ganuza no les permitió el ingreso al Ipesa", se asegura en la documentación a la que tuvo acceso este medio.

¿Homicidas y en libertad?

En sus críticas, los operadores del Ipesa fueron directamente contra las autoridades de Bienestar Social, hasta hace poco a cargo de Gustavo Fernández Mendía, y el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Pedro Freidenberger, quienes "no podían desconocer las irregularidades ya que son ellos los pilares fundamentales en el sostenimiento de este sistema de trabajo que da como resultado que los menores que cometen infinidad de delitos, deben volver son sus familiares y lo que es peor aun que aquellos que entran al Ipesa con causas por homicidio se encuentran libres".