Aunque la Ley de Seguridad Interior sólo faculta la actuación de Gendarmería por expreso pedido de la jurisdicción provincial, desde ayer rige el Decreto 1177/13 del Gobierno Nacional creando el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad.

Ayer salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 1177/13 por el cual se crea este programa, que se basa en la ley de Seguridad Interior Nº 24.059.

Según pudo saber La Opinión Austral, la llegada del secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni a la localidad de El Calafate hoy está enmarcada en este decreto y servirá para rubricar el convenio pertinente, al igual que hará lo propio el próximo lunes en Río Turbio.

Según sostuvo el propio Berni, este programa tiene por objetivo integrar a todas las provincias a protocolos de investigación de delitos y crimen organizado.

“Es un decreto que firmó ayer la presidenta de la Nación para trabajar en forma coordinada en la prevención del delito organizado, que encabeza el Consejo de Seguridad Interior, coordinado por Mauro Vega”, dijo el funcionario.

Este nuevo programa “tiende a sentar en una mesa a los diferentes actores de las 24 provincias, a los efectos de coordinar políticas de seguridad sin eludir las responsabilidades que le tocan a cada provincia”.

“Convengamos que la responsabilidad primaria de la seguridad en cada una de las provincias la encabeza cada uno de los gobernadores, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, donde compartimos la responsabilidad con Mauricio Macri”, explicó.

Berni agregó que “este programa tiene como objetivo coordinar políticas de seguridad y brindar capacitación, integrar a las provincias al Sistema Federal de Identificación Biométrica (SIBIOS) y el Sistema de Información Balística (SAIB), protocolos para delitos como narcotráfico y trata de personas, transferencia de tecnología, un sinfín de acciones que van a redituar en los millones de argentinos”.

Berni explicó que este plan se “viene trabajando en el Consejo de Seguridad Interior desde hace mucho tiempo”, y que “no es algo espasmódico”, y agregó “esto no se hace de la noche a la mañana, significa el consenso de las provincias, esperemos que las provincias adhieran a este programa federal”, dijo.

“Las cuestiones profundas de seguridad no se resuelven con más o menos policías en la calle. Hay un montón de actores que tienen que ver, como por ejemplo el sistema judicial y el sistema penitenciario, que son eslabones que tienen que ver con el sistema de seguridad de este país”, dijo.

Y enfatizó que se trabajará para “poner mayor profesionalismo en el actuar de cada una de las policías provinciales”.

De las declaraciones del secretario de Seguridad no se desprende cuál podría ser el encuadramiento para firmar en forma directa con los Municipios la incorporación a este programa de seguridad.

La ley de Seguridad Interior no refiere, en ningún momento, a los Municipios y enfatiza en su artículo 24 que “Sin requerimiento del Gobierno Provincial, no podrán ser empleadas en el territorio provincial las fuerzas de seguridad nacional”, a excepción de la orden de un juez federal.

Pero el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial en el Anexo I se detallan las “partes intervinientes en el Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, las que serán, por un lado el Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad Interior y por el otro “las dependencias administrativas que en cada jurisdicción provincial y/o municipal, según corresponda, se hayan constituido y cuyas funciones sean equivalentes a las del Ministerio de Seguridad, revistiendo el carácter de unidades ejecutoras”.

Es en ese punto la única mención a la jurisdicción municipal que se hace en el decreto, ya que en todo lo demás refiere siempre a las jurisdicciones provinciales e incluso en su artículo 3º se invita a las veinticuatro provincias a “participar del programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”.

Sin embargo, en ninguna de las acciones que presenta el programa se establece que una de las posibilidades que ofrecería sería la asistencia de las fuerzas de seguridad nacional en el patrullaje callejero, como se espera en El Calafate que ocurra, algo que se clarificará en la jornada de hoy, cuando se firme el convenio respectivo y el secretario de Seguridad señale las tareas que se realizarán a partir de allí.

En tanto este diario pudo confirmar que la firma de los convenios, tanto en la Villa Turística como en Río Turbio, evitaría la partida de 90 gendarmes (50 y 40 respectivamente) que tenían por destino el apoyo logístico en la provincia de Buenos Aires.

Las acciones que prevé el Programa

El programa establece las siguientes acciones de manera conjunta, entre la Nación y las 24 provincias:

-Apoyo, colaboración y cooperación para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de seguridad.

-Fijar líneas de trabajo conjunto entre el Consejo de Seguridad Interior y las provincias.

-Impulsar acciones para dotar de profesionalidad a los recursos humanos que integren las diversas unidades organizativas relacionadas con las fuerzas de seguridad.

-Impulsar acciones para el desarrollo e implementación de sistemas de información respecto a los diversos fenómenos complejos sobre el delito, la violencia, la trata de personas y/o estupefacientes.

-Formular criterios para la producción y gestión de conocimiento en base a las investigaciones judiciales que puedan resultar de interés para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

-Propiciar medidas que fortalezcan la aplicación de estas políticas públicas.

-Generar inversión de esfuerzos personales y asistencia en recursos económicos para la puesta en marcha de una política integral en materia de seguridad.

-Cooperar y/o colaborar en la formulación de políticas públicas en materia de prevención social.

-Orientar la aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad y prevención social del delito, en los organismos nacionales, provinciales y municipales.

-Lograr la cooperación efectiva de la comunidad en el territorio municipal en materia de seguridad pública.