Fuentes comunales confirmaron ayer que, después de recibir la denegatoria del TIP al recurso de queja planteado por la firma del Grupo Clarín, el Juzgado local de Faltas le envió la documentación a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que ejecute la sentencia. Esto significa que el municipio intentará cobrarle la sanción pecuniaria a través de la justicia ordinaria, en este caso vía un juzgado de primera instancia en lo civil.

Impugnación, al rechazar la queja, terminó confirmando la sentencia original de la jueza de Faltas, Gloria Corral, que ya había sido ratificada por el juez provincial de Faltas, Miguel Vagge. La multa fue impuesta porque en diciembre del año pasado, ante un pedido expreso de la intendencia, Cablevisión no presentó la licencia que le otorga autorización para la prestación del servicio de televisión por cable. En ese momento, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos ordenó a través de una disposición el "cese inmediato" del cableado, pero la infractora desoyó la medida y continuó con el tendido de la fibra óptica hasta completar al menos 200 manzanas del área céntrica.

La resolución del Juzgado de Faltas se basa en la disposición del secretario municipal Diego Bosch, del 29 de diciembre de 2009, ordenando "el cese inmediato de los trabajados solicitados (...), consistentes en el reemplazo de los tendidos existentes y colocación de nuevo cableado en la ciudad (...) hasta tanto no se dé cabal cumplimiento a las exigencias de la ordenanza 2486/99". Este texto está referido al régimen aplicable para el otorgamiento de los permisos de uso y ocupación del espacio aéreo y subterráneo del dominio público (instalación y/o uso de postes y colocación de redes o cableados).

La pelea entre el municipio y Cablevisión va más allá de la multa. Paralelamente continúa en el Superior Tribunal de Justicia. Allí la cablera pidió, a través de una medida cautelar, la suspensión de esa disposición; y en una demanda contencioso-administrativa, la nulidad de ella. El fundamento principal es el doble perjuicio que le significaría la anulación de las conexiones ilegales porque, después de invertir supuestamente 1.500.000 pesos en el nuevo tendido, sus 22.000 abonados se quedarían sin el servicio. En la comuna no creen en esta última aseveración.