“La Municipalidad debe hacer retirar inmediatamente esas máquinas, tiene que sancionar a la empresa y llegar hasta las últimas consecuencias. Es indispensable que, ante este atropello, ejerza su poder de policía”. Quien habla es Antonio María Hernández, el reconocido abogado constitucionalista cordobés que fue contratado por el gobierno de Juan Jure para enfrentar en el Tribunal Superior la batalla contra la empresa Cet para restringir el horario del juego en Río Cuarto.

Ayer, en una inspección del Edecom, se detectó que la subsidiaria del grupo Roggio instaló en la sala de la costanera 68 tragamonedas más, un incremento del 32 por ciento con respecto a abril de 2010. Lo hizo a pesar de que el Municipio ya había iniciado la ofensiva judicial por los horarios y el Concejo había aprobado la ordenanza que impedía la apertura de nuevas salas.

La ordenanza 262 del 2009 señala que no podrán abrirse nuevos locales de slots o bingos dentro del ejido urbano, pero no menciona la cantidad de tragamonedas permitidas en el complejo de la costanera. Ese será, dicen en el Municipio, un punto a discutir en la Justicia.

Pero Antonio María Hernández, que se ha especializado en la temática de las autonomías municipales, no tiene dudas de que el Estado local puede hacer retroceder el incremento de slots en la sala de Río Cuarto.

“Esta empresa tiene una voracidad sin límites, que, lamentablemente, está acompañada por la actitud vergonzosa del gobierno de Córdoba. Son socios en este verdadero saqueo a los municipios, que sólo obtienen el 3 por ciento y están condenados a un contrato siniestro. Para contraponerse a eso hay que ser muy claros: debemos poner de relieve lo que a hecho Río Cuarto a través de su intendente y su Concejo Deliberante, reafirmar la idea de que debe ejercitarse el poder de policía y hay que aferrarse a la ordenanza y hacerla cumplir. Hay que emplazar inmediatamente a la empresa para que retire esas máquinas”, indicó Hernández.

Agregó que, en este caso, deben defenderse las competencias locales.

El constitucionalista cordobés reclamó además que se investigue por qué Cet incorporó 68 máquinas más en Río Cuarto sin ningún tipo de advertencia ni autorización. “La Lotería de Córdoba debería ponerse a la cabeza de la investigación pero, lamentablemente, ya sabemos cómo actúa. Pero esto que ha pasado en Río Cuarto puede tener consecuencias civiles e incluso penales muy graves. Hay que investigar a fondo”, puntualizó.

Además, planteó la contradicción existente entre el discurso del gobernador Juan Schiaretti, quien aseguró que ninguna localidad recibiría más tragamonedas si el intendente se oponía, y la actitud del grupo Roggio que avanza con más máquinas sin siquiera avisar. “Lo de Schiaretti son sólo declaraciones políticas de circunstancia. El gobernador y la Lotería son responsables de esta situación; ellos enviaron un proyecto para aumentar un 63 por ciento las máquinas. La situación de Córdoba se ha vuelto vergonzosa”, manifestó Hernández.

La oposición, a favor de una ofensiva

La oposición se manifestó a favor de que el Municipio realice controles a la empresa Cet y, además, planteó que debería hacerse todo lo posible para revertir la llegada de un 32 por ciento más de máquinas tragamonedas, que se hizo de hecho y sin ningún pedido de autorización al Municipio.

“Por supuesto que acompañamos al gobierno en este punto. Si tenemos la posibilidad de, por lo menos, hacer este tipo de controles, hay que hacerlos. Habrá que hacer cumplir la ordenanza”, manifestó Víctor Núñez, presidente del bloque justicialista.

Agregó que sólo alguna disposición municipal o del Edecom previa podría aplicarse para limitar el número de tragamonedas pero señaló que si no existe ese mecanismo será difícil hacer que Cet retroceda en el envío de 68 máquinas.

“Compartimos la idea de que tenemos que estar a favor de la sociedad y de que tenemos que tratar de minimizar los efectos”, indicó Núñez.

Por su parte, Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, destacó la decisión de hacer los controles.

“Me parece perfecto que el Edecom haya hecho el control y que en este caso que se detectó que no está permitido por la Municipalidad el número de tragamonedas, se lleven adelante todas las acciones que correspondan para que la empresa sea penalizada”, indicó Scoppa.

Agregó que comparte que el Municipio ponga los reparos que sean necesarios y que lleve adelante todas las acciones para tratar de revertir la llegada de las tragamonedas.