Después de un primer momento de desorientación que el gobierno municipal transparentó tras la presentación judicial de los ambulantes que piden seguir trabajando en la calle, buena parte del gabinete de Juan Jure anunció ayer que daba de hecho por cerrado el diálogo y que ratificaba la fecha del 1º de septiembre como límite para la venta en la vía pública.

Encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Mana; el secretario de Gobierno, Héctor Polinori; el secretario de Salud, Deportes y Desarrollo Social, Gabriel Abrile; el subsecretario de Legal y Técnica, Ignacio Fernández Sardina, entre otros funcionarios, admitieron la sorpresa que les generó la decisión de los vendedores de ir a la Justicia y dijeron que eso daba por cerrada la instancia de negociación abierta a último momento. Pero además, retiraron la oferta de trasladar al 1º de diciembre la fecha tope para el trabajo en la calle de los ambulantes. “Eso había sido una propuesta del gobierno siempre que existiera de la contraparte un compromiso firme de que en ese momento abandonarían la calle. Evidentemente eso ya no existe y entonces se ratifica el decreto que reglamenta la ordenanza y fija el límite”, explicó Polinori.

Tal como lo adelantó este medio ayer, hubo entre Polinori y Castaldi una comunicación tras la presentación del amparo en la Justicia y ayer el funcionario detalló el contenido de la charla telefónica: “Le dije que está todo igual, la voluntad de llevar adelante los programas tal como los habíamos propuesto, pero lo que no está más es la prórroga de 90 días. Porque eso tenía que ver con un compromiso de buena voluntad del Gobierno y de los vendedores. Como habíamos abierto un diálogo y ellos se fueron a la Justicia, cosa que respetamos, el plazo se esfumó”, remarcó Polinori.

Los funcionarios destacaron que el lunes que comenzarán los controles estarán, al mismo tiempo, disponibles los programas que dan alternativas a los vendedores ambulantes.

Para Polinori, “el amparo a lo que apunta es a continuar en la vía pública y lo que nosotros apuntamos es a liberar la vía pública. Por eso tenemos intereses contrapuestos”, remarcó el secretario.

Por su parte, Fernández Sardina señaló que “mientras la Justicia no decida nada con respecto al amparo y a la medida cautelar, el lunes el decreto pone en vigencia la ordenanza y se comienza a controlar junto a las respuestas institucionales del Municipio para dar alternativas”.

En cuanto a los procedimientos, el subsecretario de Legal y Técnica destacó que “en un principio los inspectores del Edecom no tienen facultad de hacer uso de la fuerza pública. Sí labrarán el acta, y estarán acompañados por la Policía, como corresponde”, advirtió.