La tarde de ayer dio marco a una nueva audiencia de conciliación obligatoria entre funcionarios del municipio de San Salvador de Jujuy y la dirigencia de ATE, en donde no hubo avances ante el pedido gremial de mejoras en las condiciones laborales de cerca de 2000 personas que trabajan bajo diferentes figuras que no cumplen con los beneficios de un empleo formal – jornalizados, planes sociales-.

Tras el encuentro, el Secretario de Gobierno del municipio, Raúl García Goyena, reiteró que reconocen la situación precaria de los trabajadores, resaltando que en el caso de los planes sociales se trata de una herencia del gobierno nacional, que tras otorgar la asignación universal por hijo quitó el beneficio, quedando la comuna a cargo de los beneficiarios. “A los ex jefes de hogar los heredamos de la nación, que los dejó sin nada el 31 de diciembre de este año y que en vez de hacernos los distraídos los incorporamos a una situación similar a la traían. Podríamos no haberlos recibido, son más de más de 400 personas, aproximadamente” aseguró.

Por otro lado la disputa abarca también a cerca de 1600 personas bajo distintos regímenes. “Por convenios eventuales que la gestión anterior había 1200 trabajadores, y en estos momentos debe haber 400 más”.

El funcionario municipal comentó por donde pasa la solución pretendida. “Queremos incorporarlos en un programa nacional, ya que estamos gestionando un programa denominado de entrenamiento laboral”. En él explicó que los trabajadores permanecerían con una leve mejora durante un año, al siguiente pasarían a otra situación bajo la categoría de jornalizados, con una ayuda de la nación y una mayor responsabilidad del municipio. Al tercer año el municipio se tiene que hacer cargo por completo de la situación del empleado.

“En la situación intermedia, como jornalizados, ya tendrían descuentos jubilatorios, obra social, y demás” aseguró Goyena.

Por otro lado se le solicitó a la provincia la cobertura del Instituto de Seguros de Jujuy, obra social provincial, para un sector de los trabajadores, lo cual obtuvo una respuesta negativa. “Necesitamos 150 pesos por cada uno de los 800 empleados. Son 120 mil pesos mensuales que a nivel provincial no es una cifra descocada. La provincia no nos ha dado solución en el tema de la obra social, aunque si se la dio a las 4 mil personas que estaban en la misma situación del municipio pero dependían de la provincia, así que nosotros tendremos que correr con un seguro de empleo y una ART en cada uno de los empleados. El argumento es que dependen del municipio y no de la provincia, aunque sé que en algunos otros municipios hubo solución sobre el particular. Pero no es momento para andar lloriqueando. Sólo esperamos que la provincia entienda que esto es un problema de todos”.

Así las cosas se esperan definiciones para el lunes venidero, día en que vencen los 15 días hábiles estipulados por la conciliación obligatoria. En el medio, la municipalidad intentará traer los fondos nacionales, tal cual lo expresó el Secretario de Gobierno, para evitar que las partes queden liberadas, con el probable retorno del acampe en las instalaciones.