Los primeros ya no toleran más dilaciones, y los segundos no toleran el planteo. Las plazas donde se enfrentan estas posturas son el Partido Justicialista bonaerense y la Cámara de Diputados.

Mientras unos ven en el año electoral la chance para cerrar positivamente una pelea de más de un lustro, los otros harán lo posible por evitar el avance gremial patrocinado abiertamente por el secretario general de la CGT y presidente a cargo del PJ, Hugo Moyano. Precisamente, en el poder del camionero cifran sus esperanzas los gremios.

"Es ahora o nunca", se autoconvencen.

Aunque en los objetivos de máxima difieren, la Federación de Sindicatos Municipales y la Federación de Trabajadores Municipales coinciden en la necesidad de no dejar pasar más tiempo para tener ese derecho, común en otras disciplinas pero relegado a sus representados.

No obstante, la Federación de Sindicatos se muestra más dura, y puja por la derogación de la ley 11.757, que dicta el estatuto laboral para el personal de las municipalidades. Quiere que al estatuto lo discuta cada sindicato en el marco de la nueva ley de Paritarias. La Federación de Trabajadores aceptaría avanzar con una ley de Paritarias y reformas a la 11.757.

"Hemos estado en las reuniones de comisión convocadas por Mancini, pero tenemos diferentes posturas en un caso que es fundamental: nosotros estamos por la derogación de la ley 11.757, que es el elemento flexibilizador que tenemos los trabajadores municipales desde 1995, y ellos están por algún tipo de reforma. Queremos una nueva relación laboral, una nueva ley y la paritaria provincial y municipal, y ellos quieren reformar cuatro o cinco artículos que no romperían el espíritu de esa ley flexibilizadora; ésa es la gran diferencia", cuenta a La Tecla Rubén Cholo García, de la Federación de Sindicatos.

De todos modos, la resolución pasará por los consensos políticos. A eso apuntará el gobierno de Daniel Scioli. Ya saben en calle 6 de La Plata de la amenaza vertida desde los gremios de paralizar las municipalidades y complicar la gestión de todos en medio de la carrera electoral. También conocen la imperiosa necesidad de contar con los intendentes de su lado, con los menores enojos posibles.

A los legisladores, en tanto, les tocará nuevamente un rol fundamental.

El diputado Jorge Mancini, gremialista de la Ceamse y una de las voces cantantes de Hugo Moyano, es el encargado de defender la postura de los municipales en el Parlamento.

Los intendentes también tienen sus representantes, pero, más allá de las relaciones de fuerza, y ante la presión de los medios, se debía hacer algo para soliviantar en los meses de verano un conflicto complicado.

Un pase largo

Mancini es autor de un proyecto de ley (D-2430/10-11) para "establecer las normas que regularán las relaciones de empleo público de los trabajadores de las municipalidades". Es decir, modificar la 11.757. Y también es de su autoría el proyecto D-2285/10-11, que establece "disposiciones que regirán las negociaciones colectivas que se celebren entre las municipalidades y las organizaciones sindicales". Ambos salieron con despacho favorable de la comisión de Trabajo, presidida por el propio Mancini, y fueron elevados a Asuntos Municipales.

En esa comisión, comandada por Gonzalo Atanasof (Unión-PRO), permanecen otros cuatro proyectos, dos de los cuales son del ex legislador y actual secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales, Cholo García. En uno pide modificación de la ley 11.757, y en el otro, directamente, la derogación.

Los otros dos planteos corresponden al oficialista Ricardo Montesanti y al radical Juan Gobbi, y en ambos se piden modificaciones a la mencionada norma.

Mancini y Atanasof habían convenido hacer un plenario de comisiones para llegar a un proyecto unificado, darle despacho y ver si podía llegar al plenario de la Cámara. Cuando ya los asesores de ambas comisiones trabajaban en la idea, surgió un nuevo imponderable, modificador de planes.

La reunión del PJ provincial en la residencia de Daniel Scioli era para limar las asperezas entre Moyano y un grupo de intendentes en desacuerdo con su modo de conducción, pero Mancini, sin que estuviera el tema en el orden del día, tiró sobre la mesa la necesidad de darle impulso desde el partido a la instauración de las paritarias.

Luis Acuña (Hurlingham) trinó primero; lo siguieron Alberto Descalzo y Hugo Curto. Debió calmar los ánimos el titular del PJ. Igual no pudo evitar un retroceso en lo poco que se había avanzad.

Tras aquella reunión se desestimó el plenario de comisiones. Mancini apuró el despacho de sus proyectos en la comisión de Trabajo y ahora toda la carga está sobre Asuntos Municipales, donde el gremialista de la Ceamse es vocal, y suele cruzarse fuerte con diputados que llevan la voz cantante de los alcaldes.

En este escenario, la vuelta de la actividad legislativa en marzo prometía un arranque en plena ebullición. Apareció, entonces, otra iniciativa, dilatoria, pero en principio aceptada por la mayoría de las partes. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Raúl Pérez, presentó un proyecto para crear una comisión encargada de estudiar la problemática. Estarían representados allí los gremios, los intendentes, el Ejecutivo y el Legislativo.

Aunque la comisión tendría la obligación de expedirse en un plazo determinado (podría ser de 90 a 180 días), no deja de ser una importante patada hacia delante. El proyecto recién tomó estado parlamentario en el cierre de sesiones de este año, y por más que fuera tratado al inicio del próximo período legislativo, ya habrá pasado el primer trimestre de 2011, y la carrera electoral estará en su apogeo. Si se crea la comisión deben sumarse no menos de tres meses; recién para el fin del invierno podría haber novedades.

Los gremios no desean extender la espera, y advierten sobre las dificultades que podrían acontecer en un 2011 en el que la política, local, provincial y nacional, se juega el destino de los cuatro siguientes año.

Añejada, la intención de los gremios municipales de contar con una ley de Paritarias volvió a quedar relegada en el año legislativo. El ímpetu sindical va en ascenso, y sólo fue aplacado un poco por una serie de movimientos sobre el cierre del trabajo parlamentario.