Marchas multitudinarias se reprodujeron al atardecer en todas las grandes ciudades de la región, bajo la coordinación de las agrupaciones sociales y políticas que promueven la desobediencia civil contra la prohibición de votar.

El presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, alienta la movilización, pero también se sabe blanco de las presiones. La orden del máximo órgano judicial del Estado lo obliga a elegir entre defraudar a los manifestantes o incurrir en un serio delito de desobediencia.

El tribunal suspendió cautelarmente el proceso electoral al aceptar a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado el mismo día por el gobierno de Mariano Rajoy. La medida tendrá vigencia por cinco meses -prorrogables- mientras prepara la sentencia sobre el fondo de la cuestión.

En un intento por ganar tiempo, la Generalitat admitió ayer que frenaría la campaña de difusión de la consulta. Pero aclaró que eso no significaba resignarse a cancelar la votación del 9 de noviembre.

"Con lo de ayer [por la resolución del tribunal], no se acaba nada. La determinación es seguir. Vamos a promover iniciativas legales institucionales orientadas a garantizar que la ciudadanía pueda ejercer voto el 9-N", dijo Francesc Homs, vocero del Poder Ejecutivo catalán.

Es decir, que evitará desobedecer a los jueces mientras presenta "en tiempo récord" las alegaciones contra la impugnación de Rajoy. Y dice confiar en que obtendrá un fallo favorable que le permitirá concretar en tiempo y forma el plebiscito por la independencia catalana.

Persiste la incógnita sobre qué hará Mas el 9 de noviembre si esa sentencia se demora o si es negativa.

El líder regional se limitó a informar que "en dos o tres días" convocará a todas las fuerzas parlamentarias que apoyan la consulta popular para tomar una decisión en conjunto.

Lo que quedó claro ayer es que tendrá que pagar un costo social alto si finalmente termina por cancelar la votación que él mismo convocó por decreto el sábado pasado.

Las calles estrechas del Barrio Gótico de Barcelona eran una masa de gente entrechocando paraguas cuando empezó la manifestación organizada por las entidades cívicas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Llegar hasta la plaza Sant Jaume, frente al Palacio de la Generalitat, resultaba imposible.

Allí, desde un balcón, una pantalla de plasma sigue contando los días para las elecciones: 39 días, 11 horas, 17 minutos, decía ayer cuando empezaron los discursos de la manifestación.

"No nos parará ni la lluvia, ni la nieve, ni ningún Tribunal Constitucional. ¡Votaremos y ganaremos!", gritó, empapada, la activista Carme Forcadell, presidenta de la ANC. "Mas no se puede echar atrás", la secundó Muriel Casals, de Òmnium.

Algunos asistentes levantaban unas urnas gigantes de cartón con la inscripción "Serem lliures" (seremos libres).

A la misma hora se reunían miles de manifestantes independentistas delante de los ayuntamientos de Tarragona, Lleida, Girona, Vic, L'Hospitalet de Llobregat, Sabadell y otras grandes ciudades catalanas.

En Madrid, Rajoy se mantuvo firme en su postura de denunciar una acción inconstitucional por parte de Mas e insistió en que no permitirá jamás un referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Si los gobernantes incumplen la ley, no hay democracia, no hay certezas", dijo en la habitual sesión de control en el Senado.

Descalificó también la propuesta de la oposición socialista de discutir una reforma constitucional que permita encontrar una solución pactada al conflicto territorial más serio de la era democrática española. Fue terminante: "Cuando no saben qué hacer, hablan de reformar la Constitución. No es nuestra prioridad"..