El 15 de marzo pasado se cumplieron 15 años de que, después del pedido a la Justicia de su autoliquidación, el Banco Central de la República Argentina revocara la autorización para funcionar al Banco Multicrédito SA.

Sin embargo no lo intervino y tampoco reemplazó a los administradores, los que durante 90 días continuaron en el "negocio" sin ningún tipo de control, lo que les permitió, según los informes de la sindicatura al que tuvo acceso Los Andes, "su desmantelamiento y la desaparición de la contabilidad, incluyendo un moderno sistema de computación que fue devuelto por falta de pago".

Como hecho curioso cabe recordar que semanas antes se había firmado un compromiso de transferencia de activos y pasivo al Banco Unión Comercial e Industrial, pero que nunca se concretó. Hoy el BUCI tampoco existe.

La continuidad cronológica de esta entidad que tuvo su casa central en avenida San Martín casi esquina Buenos Aires, está marcada por el 31 de agosto de 1995, cuando el juez ordenó la liquidación judicial de la entidad y un año después (16 de octubre de 1996), fecha en que se declaró la quiebra del ex banco Multicrédito SA.

Y si bien el Banco Central demoró bastante en efectuar los controles (antes y después de la caída), mucho más demoró la Justicia Federal para encontrar a Leandro Oscar Flamarique, como único responsable de administración fraudulenta y condenarlo a 3 años de prisión en suspenso y $ 30.000 de multa. En el mismo fallo se absolvió a su hermano Víctor Tomás y al contado Jorge Sansone. La sentencia, después de 3 días de debate, se conoció 9 años después.

Los $ 30 millones

El cierre del banco se produjo un 15 de marzo de 1995, el mismo día en que Carlos Menem (hijo) y Silvio Oltra perdieron la vida al caer el helicóptero que tripulaba el primogénito del entonces presidente Carlos Saúl Menem.

Y aquí vale rescatar publicaciones periodísticas que tratan un paralelo entre 16 cheques por un total de $ 30 millones que fueron firmados entre el 27 de febrero de 1995 y el 3 de marzo del mismo año y el accidente que llevó a Zulema Yoma a elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo hasta ahora (a más de 15 años) no se ha podido confirmar que esos cheques, conocidos como de mostrador, hayan sido cobrados, ni tampoco que sus firmantes Alfredo Di Carlo y Miguel Sepúlveda, como gerente administrativo y financiero respectivamente, hayan pertenecido a la planta de la Casa Central.

"Hoy, nadie los recuerda, tampoco dicen haberlos conocido y no existen archivos o bonos de sueldo que los acrediten como personal jerárquico", aseguran desde la Sindicatura.

Una pequeña parte

En total hasta la fecha sólo se ha distribuido un 35,6% de los depósitos nominales dejados por los ahorristas en el banco hace 15 años. Hoy la quiebra se tramita en el Segundo Juzgado de Quiebras, a cargo de Gloria Esther Cortez, mientras que la sindicatura -desde hace 10 años- es responsabilidad de las contadoras Marisa Silvia Sánchez y Leticia Gloria Sánchez, patrocinadas por Susana Victoria Sánchez (las tres hermanas) y transita "una etapa final".

En todos estos años debieron lidiar con fallos que no sólo condenaron a los ahorristas, sino que además les embargaron los fondos en el Banco de la Nación, a la hora de cobrar unas cuotas.

Paralelamente se conoció que la acción de responsabilidad contra los directores de la ex entidad financiera: Leandro Flamarique, Juan Alsina Baldé, Diana Domínguez de Meschini, Roberto Grimalt, Julio Avila, Ernesto Diez Miralles, Miguel Angel Arlín y Gonzalo Peñalva ya está en etapa de alegatos.

Hoy ya no son 6.000 los ahorristas damnificados, sino que la desaparición física de muchos de ellos mermó significativamente la cantidad que había comenzado reclamando ante las puertas cerradas de la Casa Central el 15 de marzo de 1995.