Ayer, durante una nueva jornada del debate oral y público que se sigue contra ambos, el fiscal solicitó en los alegatos esa pena. El defensor de Echeveste, Francisco Marull, y el de San Miguel, Santiago Moronta, solicitaron directamente la absolución y calificaron de "vaga" la imputación.

Después de los alegatos, ahora la juez sustituta Claudia Collado tendrá un plazo para definir la sentencia hasta el martes 26 de febrero próximo. El fallo será entregado por la magistrada en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa ese día a las 12.

En su exposición, para solicitar aquella condena, el fiscal Ordás detalló algunos de los hechos irregulares cometidos durante la gestión de los acusados en el Ipesa. Mencionó allí hechos de violación entre los internos, las fugas de los menores, embarazos adolescentes y chicos que regresaban a los hogares con signos de consumir drogas.

También cuestionó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) que Echeveste y San Miguel no tomaron medidas para evitar que esas situaciones se repitan. Precisamente, explicó que ambos "omitieron realizar actos que tenían entre sus funciones perjudicando física y moralmente a los menores".

Imputación "vaga".

Marull, defensor de Echeveste, calificó en principio de "vagas" las imputaciones del fiscal Ordás e intentó "atacar" cada uno de las acusaciones. Aseguró que ciertamente los trabajadores de los hogares de menores contaban con las instrucciones específicas sobre sus tareas y sobre eso puntualizó en el "Manual de funciones".

Cuestionó otro de los argumentos de la fiscalía y afirmó que su defendida no actuó en ningún momento con dolo. "Los testigos hablaron de que (Echeveste) no era descuidada en su trabajo y que siempre estaba cuando se la necesitaba. Al fiscal le faltó comprobar el dolo", indicó.

Por otro lado, Marull dijo que durante la gestión de Echeveste como responsable del área de Niñez y Adolescencia se daban clases de educación sexual en el Ipesa y se disponía de pastillas para que las internas se cuiden. La acusada hizo "todo lo que tenía a su alcance", agregó el defensor.

Después, puntualizó sobre uno de los casos de supuesto abuso ocurrido en el Ipesa. Echeveste y San Miguel son acusados de no denunciar lo sucedido y ocultar el hecho. En sus declaraciones, ambos indicaron que no realizaron la denuncia para evitar continuar "estigmatizando" a los menores involucrados.

Para "bajar" ese cuestionamiento, Marull afirmó que Echeveste "dio instrucciones para realizar la denuncia y los profesionales entendieron que era mejor una exposición" ante la Policía. Agregó que igualmente se le dio intervención al Juzgado de la Familia y el Menor de General Acha.

Sobre las "fugas" de los menores, uno de los puntos que cuestionó Ordás, Marull aclaró que los hogares son abiertos y que los chicos "se pueden ir porque no cometieron delito alguno. La instrucción (de Echeveste) fue trabajar siempre en la contención de los chicos".

Ambigua.

Por su parte, y en condición de defensor de San Miguel, el abogado Moronta también cuestionó los puntos que marcó el fiscal Ordás para avanzar en la imputación. Precisamente continuó, durante los alegatos, la línea de Marull que expuso previamente. Reiteró que la "acusación es ambigua y vaga".

Sobre los embarazos que se sucedieron durante la gestión de San Miguel en el Ipesa, Moronta indicó: "Una de las chicas no se cuidó con las pastillas y la otra era mayor de edad cuando quedó embarazada, son conductas que suceden en cualquier familia, no se puede juzgar por eso a los imputados".

También señaló que sobre las violaciones ocurridas en el instituto provincial no fueron comprobadas, y que los ex funcionarios decidieron hacer una exposición y no una denuncia para no someter nuevamente a los menores, y por "recomendación" de los profesionales.

Tanto Marull como Moronta solicitaron directamente la absolución de los ex funcionarios provinciales, y la decisión de la jueza Collado se sabrá el próximo martes 26 a las 12 en una de las salas de audiencia de la Ciudad Judicial.

La palabra de los acusados...

Los únicos imputados en la causa, Alicia Esther Echeveste y Carlos Alberto San Miguel, mantuvieron ayer total tranquilidad durante la audiencia correspondiente al juicio oral y público que se sigue en su contra, y que se definirá la próxima semana. Es más, ambos decidieron hablar después que los abogados defensores y la fiscalía presenten los alegatos.

La ex directora del área de Niñez y Adolescencia de la Provincia dijo que “siempre” fue activa en su trabajo y que evaluó todos los informes necesarios, en referencia al caso de abuso ocurrido en un instituto. Además, señaló que “las cosas siguen pasando en el Ipesa porque no es el museo histórico”.

Por último, Echeveste aseguró: "No me importa pagar seis mil pesos y perder el trabajo, porque el gobernador (Oscar Jorge) me va a echar. Realmente, sólo quiero que se sepa la verdad”.

El ex director de ese instituto, San Miguel, reclamó a la población y a los medios de comunicación que se acerquen desde otro lugar a la problemática de la niñez en la provincia. Por otro lado, aclaró que nunca se negó a declarar y que eligió hablar a través de su trabajo.