“Hay muchas provincias que le falta pero nosotros ya lo hicimos”, confirmó Saporitti

El representante de Tierra del Fuego en el Directorio de YPF Ricardo Saporitti aclaró que no hubo un apuro de Nación a Tierra del Fuego por las extensiones en los contratos petroleros.

El funcionario desmintió de un cruce entre el vicegobernador Roberto Crocianelli y el ministro de planificación federal, Julio De Vido sobre la demora en el tratamiento legislativo de los contratos. “No se produjo eso, por lo menos yo no lo escuche.

Lo que el ministro sugirió fue que el único instrumento que tenemos para apurar las cosas son las extensiones de concesiones, porque si no es muy difícil que se inviertan. No se refirió puntualmente a Tierra Del Fuego ya que hay muchas provincias que le falta el proceso que le nosotros ya lo hicimos. El expediente de renegociación de las empresas ya lo tenemos concluidos”, confirmó.

Sobre la situación en el contrato con la firma Apache afirmó que ya están el Legislatura desde hace tiempo, queremos mandarlo cuanto antes, estamos viendo el cobro de una deuda, una vez finalizado eso, se envía a la Gobernadora y luego a Legislatura”. Entonces de aprobarse “ya las empresas tendrán 10 años por el cual el horizonte de planeamiento es diferente”, afirmó.

Con respecto a la situación de Roch: “esperamos haber cumplido con las vicisitudes necesarias, creemos haber dado una respuesta amplia sobre todo en las cuestiones sustanciales que son las cuestiones económicas selladas con la empresa y eso será lo que asegurará el desarrollo del recurso en el tiempo. Por supuesto que habrá cuestiones administrativas puede ser objetable en algunos aspectos o no pero creemos haber hecho todos los pasos”.

Sin embargo sostuvo que “no tenemos certeza si la Legislatura nos va a convocar o no, nosotros estamos abiertos para aclarar las deudas”.

El Gobierno nacional rubricó un acuerdo con las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos.

Los ejes centrales del documento plantean desarrollar la legislación para garantizar el marco normativo para la inversión y la promoción de las inversiones para la exploración y la explotación petrolera, y llevar adelante un estricto seguimiento sobre los niveles de producción e inversiones comprometidas por las empresas y la generación de mano de obra.

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