La conducción de la CGT, que encabeza Hugo Moyano, se reunirá la próxima semana con el ministro de Salud, Juan Manzur, a quien le repetirá el reclamo por la distribución de $ 9.000 millones a las obras sociales sindicales y le pedirá avanzar en una reforma integral del funcionamiento de la Administración de Programas Especiales (APE), destinada a acelerar el pago de reintegros por tratamientos especiales. “Nos vamos a juntar la semana que viene seguramente”, afirmó a El Cronista un importante referente de la cúpula cegetista, quien anticipó que la inquietud central que la entidad le transmitirá a Manzur apuntará a la necesidad de avanzar con la “revisión integral” de todo el sistema solidario de salud.

Puntualmente el dirigente se refirió a los problemas derivados del retraso en el pago de los subsidios de la APE, el organismo que hasta el lunes era comandado por el abogado moyanista Daniel Colombo Russell y que ahora será ocupado por Martín Alves, un abogado tucumano de fuertes vínculos con Manzur. “No se trata de un problema de cambio de nombres, la situación es de fondo”, afirmó el gremialista y rechazó que exista malestar en la central por la salida del hombre de Moyano de la conducción del estratégico organismo.

Desde la dirigencia cegetista también reiteraron el reclamo por la urgente distribución a sus prestadoras médicas de los millonarios recursos depositados en el denominado Fondo Solidario de Redistribución (FSR) ante las dificultades financieras que atraviesan esas entidades, pero dijeron que hasta ahora no hay ningún compromiso concreto del Gobierno para mejorar ese reparto. “No creo que nos den más de los $ 1.000 millones que está acordado, incluso es posible que ni cumplan con eso”, admitió otro sindicalista notoriamente molesto.

Cerca de Moyano admitieron estar al tanto de la decisión oficial de incrementar en un 30% el monto del subsidio automático (SANO) por el cual el Estado garantiza un valor mínimo de aportes a las prestadoras médicas sindicales, decisión adelantada por El Cronista en su edición del jueves. Sin embargo, consideraron que los $ 200 millones adicionales que recibirán los gremios por el aumento del subsidio “son apenas migajas que no resuelven los problemas”.

Por otra parte, la central obrera prevé poner en la mesa de la negociación con Manzur un planteo sobre la participación de las empresas de medicina privada en el sistema solidario de salud a partir de la presión de un grupo de gremios para que se limiten los traspasos de los afiliados desde las obras sociales hacia las prepagas.