Un fallo de la Corte Suprema dejó al titular de la CGT, Hugo Moyano, más cerca de un juicio oral y público en el que está acusado por presuntas calumnias contra un ex dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los '70 que denunció sus supuestos vínculos con la Triple A.
La información fue confirmada a DyN por el abogado de Petroni, Daniel Stragá, ya que ni el abogado del sindicalista, Daniel Llermanos, ni el secretario de la Corte que llevó el expediente, Cristian Abritta, respondieron los llamados de esta agencia.
Moyano está acusado por descalificar a Petroni, quien denunció ante el juez Norberto Oyarbide y en uno de los "juicios por la verdad" que lleva adelante un tribunal marplatense que el líder sindical tuvo en su juventud relación cercana con dos agrupaciones vinculadas con la Triple A: la Concentración Nacional Universitaria Peronista (CNU) y la Juventud Sindical Peronista (JSP).
Petroni se sintió agraviado por una solicitada de desmentida que habría sido financiada por el gremio de Camioneros e inició la causa penal que, tras recorrer todo el espinel judicial, quedó a las puertas del juicio oral que estará a cargo del juzgado en lo correccional número ocho, a cargo del magistrado Raúl García.
"En todo este proceso, los integrantes de CNU y JSP mantuvieron una estrecha amistad y colaboración política con el entonces secretario general del gremio de camioneros local, en 1972, y luego secretario general de la CGT local, entre 1976-83, que incluso llegó a la conformación de organizaciones políticas conjuntas, Hugo Moyano, actual secretario general de la CGT", declaró Petroni.
Durante un seminario en la Biblioteca Nacional, Moyano invocó aquella solicitada de desmentida, firmada por un hermano de Petroni(con quien mantiene un añejo enfrentamiento), para negar sus supuestos vínculos que la banda que lideraba José López Rega.
La defensa de Moyano presentó un recurso extraordinario directamente ante la Corte Suprema, pero recibió como respuesta que no era ése el tribunal que debía intervenir, "circunstancia que obsta a su admisibilidad".
La defensa tampoco había tenido éxito en planteos anteriores, entre ellos uno que pedía cerrar la causa invocando la ley sancionada por el actual gobierno en 2009 que redujo los alcances de los delitos de "calumnias e injurias".





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