Considerado como un caso emblemático de la ofensiva sobre el sector privado alentada o al menos facilitada desde el Gobierno, esta semana el jefe de los Camioneros, Hugo Moyano, buscará cerrar un acuerdo con las empresas transportistas para poner fin al conflicto en Siderar, la siderúrgica del Grupo Techint. Sin embargo, para la dirigencia empresaria ese virtual acuerdo no significará un cambio de políticas sino simplemente un capítulo más: están ahora preocupados por la persecución que inició la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre sectores económicos y por el tratamiento que tendrá desde esta semana en el Congreso el proyecto de ley del diputado sindical Héctor Recalde para dar a los trabajadores participación en las utilidades de las empresas. Desde distintos ángulos, tanto la AFIP (ver pág. 3) como el proyecto Recalde apuntan a capturar la rentabilidad de las empresas.

Con esa carga sobre sus espaldas, el frente empresario se reunirá este miércoles en el marco de una convocatoria del denominado Grupo de los Siete para intentar cerrar filas en una estrategia de contención contra la avanzada del líder de la CGT. Para la primera línea del empresariado nacional, detrás de los últimos movimientos de la ofensiva de Moyano se perfila la urgencia por consolidar “un proyecto político personal” del camionero que, en su visión “desafía” al propio Gobierno y a Néstor Kirchner, y que amenaza con generar severos trastornos para la economía. “Moyano está exterminando la inversión”, lanzó ayer un referente industrial y advirtió sobre el impacto directo de esa situación sobre el nivel de la inflación.

Por su parte, Carlos de la Vega, titular de la Cámara de Comercio y uno de los dirigentes que participará de la reunión del G-7, admitió que el eje del encuentro es plantear la preocupación que genera la “escalada sindical” del camionero y exigir al Gobierno que le ponga “límites” a sus acciones. “Moyano cada vez va por más en una actitud que se ha volcado a la confrontación directa y nadie lo frena”, se quejó De la Vega y alertó que solo en los últimos 60 días los legisladores de extracción gremial presentaron 21 proyectos para reformar la legislación laboral, además de la iniciativa de Recalde para distribuir las ganancias empresarias.

En el kirchnerismo desmienten un posible desafío de Moyano y sostienen que es parte del mismo juego.

Justamente el rechazo que provoca ese proyecto entre las principales entidades empresarias también será parte de la conversación del G-7, aunque en el sector sostienen que el problema va más allá del proyecto. “Vemos una conflictividad in crescendo en una forma absolutamente irregular, en contra de toda normativa y sin que nadie actúe: ni la Justicia, ni las fuerzas de seguridad ni el Ministerio de Trabajo”, apuntó otro industrial.

Además, según los industriales para mejorar la distribución de la riqueza se debe combatir el empleo en negro y acusan al Estado de ser el mayor empleador irregular.La industria –sostienen– paga salarios que representan 70% de la distribución de la riqueza.

Si bien es compartida la expectativa por un inminente entendimiento en el conflicto entre Camioneros y Siderar, para el frente empresario se trata de un caso “paradigmático” que, por la dureza de los bloqueos y protestas del gremio, traerá serias consecuencias para el resto de las actividades. “No todos tienen el poder de Siderar para enfrentar a Moyano y muchas empresas van a terminar aflojando ante la presión de la extorsión”, sostuvo el referente fabril.

Más allá de los movimientos del líder de la CGT, el otro tema que inquieta a los empresarios y que será discutido en la reunión del miércoles se vincula con la campaña de denuncias lanzada por la AFIP contra varias compañías por la supuesta evasión al Impuesto a las Ganancias, ofensiva que abarca a aceiteras, exportadoras de granos, siderúrgicas y automotrices.