Un centenar de familias campesinas de la zona de San Miguel se movilizó ayer frente a la Legislatura para reclamar por el pronto despacho de una ley de donación de tierras fiscales que los favorecería. Los representantes campesinos dialogaron con el senador Sergio Flinta (UCR), quien les informó que previamente a aprobarse la ley de donación de esas tierras fiscales deberá practicarse una mensura de los terrenos.

"Recién venimos a conocer ese requisito", le comentó a EL LIBERTADOR Juan Espíndola, uno de los dirigentes de Unión Campesina, quien recordó que "hace dos años venimos peticionando por esta ley".

Habría una voluntad mayoritaria de los legisladores en darle el "okey" a esa norma, luego de cumplirse el paso mencionado.

Existen unas 153 familias distribuidas en otros tantos lotes en el departamento San Miguel que desde hace años vienen haciendo esfuerzos para afrontar los pagos de tales terrenos. "Pero apenas podemos vender nuestros productos para sobrevivir, así que imagínese que nos cuesta muchísimo pagar el campo", explicó Espíndola.

De allí es que surgió el proyecto de solicitar la donación de las tierras, tratándose de inmuebles fiscales. Tras varias gestiones, representantes del Poder Legislativo acogieron positivamente la iniciativa.

Sin embargo pasaron cerca de dos años sin novedades. Ello motivó la realización de la marcha de ayer ante las escalinatas de la Legislatura provincial y el posterior diálogo con el senador Flinta.

"Hay gobiernos que ponen palos en la rueda para solucionar nuestro problema", expresó Espíndola, quien apuntó a la problemática de la "extranjerización" de la tierra y al monocultivo forestal, como sistemas que tienden a la expulsión de los pobladores autóctonos.

Camioneros en estado de alerta

El Sindicato de Camioneros de Corrientes se declaró en estado de alerta y movilización ante el llamado a licitación para la concesión del servicio de recolección de residuos en la ciudad de Corrientes. Es que durante una asamblea del gremio consideraron que podría existir una "grave irregularidad" en el procedimiento, que "a nuestro criterio encubre circunstancias no muy claras", señala un comunicado de la entidad sindical.

Durante la asamblea se analizó cuál será el futuro "de los compañeros que pertenecen a la empresa Sadoyea Venturino", y ante el llamado a licitación por parte de la Comuna capitalina y el probable cambio de firma, cuál será la situación contractual y laboral de los mismos. El Convenio de trabajo de camioneros dispone que otra empresa que resultare ganadora de la licitación, deberá incorporar a todos los empleados cesantes de la otra. Por eso el Sindicato "tomó los recaudos legales".