Según fuentes consultadas por Clarín.com, Montenegro apeló el fallo de la Sala II de la Cámara federal que confirmó a Oyarbide al frente de la investigación. La respuesta, ahora, está en manos de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país.

El ex juez, que estuvo a frente del juzgado que hoy tuvo que visitar como imputado, presentó un escrito ante Oyarbide donde dejó planteada la posibilidad de una ampliación de indagatoria luego que se defina el pedido de recusación, pero se negó a contestar preguntas. "No va a declarar por el momento ante Oyarbide porque no le da garantías", explicó un vocero.

Al retirarse de Comodoro Py, Montenegro minimizó el impacto político del escándalo de las escuchas y se cuidó de criticar a Oyarbide. "Vamos a seguir aportando datos porque no hay anda que ocultar", resaltó.

Hace una semana, la Cámara Federal rechazó el pedido de recusación. Por eso, Oyarbide avanzó con las indagatorias del resto de los imputados. Los dos camaristas que votaron a favor de mantener a Oyarbide llegaron a la conclusión de que el juez no lo citó a Montenegro por "animadversión" sino por su función de "investigar y probar" como juez de una causa que está bastante avanzada.

El ministro de Seguridad porteño había pedido el apartamiento de Oyarbide porque él mismo lo había imputado hace una década, cuando era fiscal federal, por unas escuchas telefónicas al abogado Mariano Cúneo Libarona en una causa paralela a la investigación por el atentado contra la AMIA.

El próximo miércoles es el turno del jefe de Gobierno Mauricio Macri. El juez lo acusa de haber integrado una asociación ilícita dedicada al espionaje. Por este motivo están presos el primer jefe de la Policía Metropolitana, el comisario Jorge "Fino" Palacios, y el ex policía federal Ciro Gerardo James. Este último estaba contratado por el Ministerio de Educación y aspiraba a integrar la Policía Metropolitana.