El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, salió hoy a cuestionar duramente a un sector de la Justicia y de la oposición luego de que una jueza de la Ciudad le prohibió a la Policía Metropolitana que utilice las pistolas eléctricas Taser, que sirven para inmovilizar a las personas. "Se está perdiendo el sentido común en integrantes de la política y la Justicia", le dijo a Clarín.com en referencia al fallo de ayer y a los que frenaron las construcción de dos comisarías en Chacarita y en Parque Sarmiento.

Molesto con la resolución de la jueza Andrea Danas, a quien no nombró, Montenegro opinó: "No es una discusión jurídica, acá lo que se busca es desarmar a la policía Metropolitana. Hay una posición política que intenta impedir que Macri tenga una Policía". Además, sostuvo que el fallo perjudica al "ciudadano común".

La jueza Danas dictó una medida cautelar y consideró que debe privilegiarse el derecho a la salud y a la integridad física de los ciudadanos por encima de la seguridad pública. La presentación judicial la hizo la ONG Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, que había esgrimido tres argumentos: que el Comité Contra la Tortura de La ONU y otros organismos internacionales desaprobaron su uso, que puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas; y que puede favorecer el abuso porque no deja marcas en el cuerpo.

El Gobierno porteño remarcó que las armas aún no fueron aún compradas. De hecho, la Ciudad está en tratativas para adquirir a prueba cinco unidades del modelo X26, que cuestan unos US$ 3.500 cada una.