Se trata de las llamadas deudas consolidadas que el ente autárquico pagará con Bonos de Cancelación de Deudas (BODECOR) tercera serie y para lo cual dictó en noviembre pasado una Resolución interna firmada por la interventora del instituto, Estela Regidor y el Gerente General, Bruno Magnani. La medida llevaba adosado un formulario que debía ser completado por los abuelos que aceptaban el abono con títulos públicos, pero a su vez renunciaban a futuros planteos judiciales.

Ahora, tras la polémica ya que la metodología fue calificada de “compulsiva” desde el Centro de Jubilados y Pensionados, porque los pasivos no eran informados sobre el estado de sus acreencias con el IPS. Es decir no se los ponía en conocimiento del volumen de lo que debían percibir, la papeleta no figurará más al dorso de la Resolución.

Cada abuelo que concurra a la sede del organismo será informado sobre el estado de deuda que debe pagarle el IPS, desde qué fecha data y monto total, en base a esos datos el afiliado deberá decidir si acepta o no los bonos.

Pero hay más, en su edición del pasado domingo época anticipó estos cambios sostenidos en un fuerte rechazo a la forma en que se instrumentó el abono con “papeles”, incluso un funcionario fue separado de su cargo por no estar de acuerdo en la cuestión.

Fuentes del ente previsional informaron a este diario que en próximos días se daría un anuncio detallando las nuevas medidas correctivas sobre la cancelación de deudas consolidadas. Pasivos que mantiene el IPS con afiliados desde mediados del ’90 por malas liquidaciones de haberes, no pago de retroactivos y actualizaciones de sueldos. Faltas que fueron reclamadas por jubilados y pensionados, administrativa y judicialmente hacia el organismo provincial.

Cambio de rumbo

Si bien desde el IPS se mantiene un silencio prolongado desde hace semanas, sus técnicos estudian cambios como el mencionado más arriba. Además, ya estaría decidido abonar con dinero a mayores de 80 años y a que no superen los $16 mil. Algo establecido en dos decretos ley emitidos por la última Intervención Federal entre los años 2000 y 2001 que hasta hoy regulan el pago de deudas consolidadas al sector pasivo. (Ver recuadro)

Lo objetado a la interventora Regidor no fue la efectivización con bonos ya que el mismo repara en la falta de dinero que poseería el IPS, sino las formas en que la medida se llevó adelante desde inicios de este año.

Solapadamente los abuelos que concurrían al organismo en busca de información terminaban firmando el controvertido formulario, allí además de aceptar los títulos públicos lo hacían sin saber exactamente el monto al que accederían y la fecha a la que se remontaba la deuda.

En ese marco las autoridades del instituto alentaron la toma de los bonos que según cálculos oficiales cotizan en la plaza local al 80% de su valor nominal, pero no informaron el importe por el que emitirán los BOCOR. Escuetamente señalaron que el total de la deuda asciende a unos 23 millones de pesos y alcanza a 1.200 pasivos provinciales.