Se suspendió hasta el próximo martes el juicio por los fusilamientos de agosto de 1972.
A pesar de que los fiscales habían pedido, previo al comienzo de su alegato, que si iban a ser interrumpidos por el feriado de mañana y el lunes preferían comenzar el próximo martes para que no se pierda su hilo argumentativo, el imprevisto surgió porque, según el juez Enrique Guanziroli, tanto Ibáñez como el imputado Bautista se confundieron respecto al horario del vuelo.
Igualmente, en casi cuatro horas de exposición durante la mañana, la parte acusadora del juicio cerró la semana de audiencias con la declaración de culpabilidad de todos los imputados. Sumándose a lo que ya había sostenido las querellas de los familiares y de la Secretaría de la Nación, ayer los representantes del Ministerio Público Fiscal alegaron que los hechos de la Masacre de Trelew están probados desde el día 15 de agosto hasta el 22 de agosto, en todas sus circunstancias.
A los fiscales les restaría exponer la calificación legal de los delitos, argumentar por qué los fusilamientos se encuadrarían como delito de lesa humanidad y finalmente hacer el pedido de pena. En la jornada del último miércoles, los querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación coincidieron con la querella de los familiares en pedir cadena perpetua para los cuatro coautores de los fusilamientos de 16 presos políticos, y dos años de prisión efectiva para el ex militar Jorge Bautista, acusado de encubrimiento.
Hay que recordar que salvo el ex cabo Carlos Marandino, los cuatro imputados se negaron a declarar frente al tribunal y someterse a las preguntas de los acusadores. Sólo firmaron por escrito que sostenían una de las versiones de 1972, donde aseguran haber disparado contra los presos políticos una vez que Mariano Pujadas intentó arrebatarle el arma al militar Luis Emilio Sosa, versión que ha sido ampliamente probada como falsa a lo largo del juicio.
La reacción de los marinos se dio un instante antes de que Gelves aclarara que los presos se enfrentaron a los miembros del Servicio Penitenciario de Rawson, cuando resultó muerto Juan Gregorio Valenzuela, luego de que los guardias dispararan contra los militantes cuando se fugaban del penal. Anterior a eso, una vez que redujeron a los guardias, los presos políticos trataron humanitariamente a los trabajadores de la cárcel, cuestión que contrasta con el trato que recibieron los 19 revolucionarios en la Base Almirante Zar.
En las casi cuatro horas de exposición que hizo el fiscal, se volvió a demostrar que en base a las pruebas recolectadas en el juicio a través de 70 testimonios orales, documentos militares, investigaciones periodísticas, documentos audiovisuales, autopsias y pericias, los hechos del 22 de agosto de 1972 fue un fusilamiento premeditado y que los cinco imputados cumplieron algún rol en el hecho.
Los imputados por ser coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso de dos o más personas sobre 16 presos políticos y en tentativa de otros tres son los ex militares Luis Emilio Sosa, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Norberto Pacagnini; este último acusado de ser coautor mediato, es decir que fue el que impartió la orden de matarlos por ser el jefe de la base y quien negó asistencia médica a los seis sobrevivientes, de los cuales tres morirían con el paso de las horas.
Por su parte, Jorge Bautista está acusado de ser el juez ad hoc que designó la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse y que entorpeció la búsqueda de justicia: “No quiso averiguar la verdad histórica de los hechos”, dijo Gelves.
Aunque la semana que viene iba a estar destinada exclusivamente al alegato de los defensores de los cinco imputados, y ante la interrupción de ayer, el martes a las diez de la mañana retomará su alegato la fiscalía y luego sí los defensores. El juez Guanziroli, luego de transmitir públicamente la suspensión aseguró que la semana que viene se harán todos los alegatos “hasta que las velas dejen de arder”, cerró metafóricamente.
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