El represor Juan Daniel Amelong --condenado a prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común-- podrá ejercer su defensa técnica como abogado, junto al defensor oficial que lo asiste y contará con una notebook en Marcos Paz, su lugar de detención para poder hacerlo. El Tribunal Oral Federal número 1 integrado por los jueces de Entre Ríos Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros aceptó ayer el pedido de Amelong. También Carlos Sfulcini y Marino González podrán tener computadoras en su lugar de detención. Además, ocho de los doce imputados fueron eximidos de presenciar las audiencias, a su pedido. De ese modo, sólo Amelong, González, Sfulcini y Ariel Porra estarán presentes en las declaraciones testimoniales de las víctimas del terrorismo de estado. El resto de los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército podrá eludir la mirada de sus víctimas. Ante las concesiones del Tribunal, Juan Andrés Cabrera redobló la apuesta: pidió contar con conexión a internet para seguir las instancias del juicio en su lugar de detención, en la cárcel federal de Bouwer, en Córdoba. Cabrera estuvo prófugo y fue apresado en 2009, en Cosquín.

Si bien las querellas y la fiscalía entendieron que los doce acusados por crímenes de lesa humanidad contra 27 víctimas, entre los cuales se encuentran 14 homicidios agravados tenían derecho a ser eximidos de estar en la sala de audiencia, solicitaron que sí estuvieran en el Tribunal, por si el desarrollo del juicio requería su presencia. López Arango justificó la decisión del Tribunal en que "hace tiempo están sometidos a proceso en estado de detención".

Incluso, Sfulcini pidió ser trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de Policía, pero la abogada Gabriela Durruty comunicó que las propias autoridades provinciales admitieron ante Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas la falta de seguridad del penal para impedir fugas. "La Alcaidía no tiene las mínimas condiciones de seguridad para evitar una fuga", afirmó. El Tribunal pidió un informe al Servicio Penitenciario Provincial.

El defensor oficial Nicolás Foppiani, que representa a Joaquín Gurrera, Ariel López y Carlos Sfulcini, trasladó la queja de sus representados porque anoche se cortó la luz en la Unidad Penal Provincial número 3 y debieron dormir sin calefacción. El reclamo despertó una exclamación en el público, ya que algunos ex detenidos, como Olga Regina Moyano y Héctor Medina recordaban sus días de presos políticos sin agua ni luz. "Nosotros dormíamos en el suelo", rememoró Moyano.

La causa investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Calamita, Quinta de Funes, Fábrica Militar de Armas, Escuela Magnasco y La Intermedia, por los integrantes de la patota del Ejército, bajo las órdenes de Oscar Pascual Guerrieri, que también fue eximido de presenciar el juicio, al igual que Jorge Fariña, Walter Pagano, Eduardo Costanzo, Ariel López, Gurrera, Cabrera y Pelliza.

Los pedidos habían sido rechazados por las querellas y el fiscal Gonzalo Stara. Cuando el Tribunal hizo lugar a que Amelong ejerza su co-defensa, Durruty solicitó que las víctimas no sean interrogadas por el represor. López Arango afirmó que el imputado podrá hacer preguntas a los testigos mediante la presidencia del tribunal. Es decir, que él trasladará las preguntas. "Lo único que hace es entorpecer el accionar del juicio y embarrar la cancha", dijo tras la audiencia Alvaro Baella, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El abogado subrayó: "Las querellas nos opusimos a que Amelong pregunte directamente a los testigos, porque era el mismo que hacía en los centros clandestinos con los detenidos tabicados o encapuchados. Para ellos es como revivir el tormento", completó.