—Después de sus dichos y aclaraciones, ¿qué piensa en concreto que hay que hacer con los jueces?

—Yo no hablé de investigar a los jueces, sólo tracé una descripción sociológica. Mi diagnóstico es que hay una preeminencia marcada en el acceso a la judicatura de miembros del Poder Judicial, por encima de los abogados de la matrícula. Y se fue consolidando una mirada conservadora y aristocratizante en el ejercicio de la tarea judicial. Eso coincide con un determinado sector social que tiene determinadas pautas de conducta social. Coloqué en el tapete algo que todos saben: la cantidad de vínculos familiares en la Justicia. La carrera judicial como meritocracia no existe, existe como permanencia en el tiempo. Y los ascensos se dan por un sistema de relaciones políticas entre los propios miembros del Poder Judicial.

—Una situación similar se da en la política.

—Es cierto, pero la política te da un proceso de renovación. Que podrá ser más o menos eficaz, pero en general la chance está dada. Además, se me intenta decir que en el caso de los jueces con el mecanismo del jury alcanza, lo que no es cierto.

—¿Quién puede decir que alguien sea juez o no por su ideología?

—Me parece que hay que evitar arbitrariedades, por ejemplo que los consejos de magistratura tengan en su seno patrones de evaluación subjetivos o arbitrarios. Yo propongo dos formas: que los abogados en el Consejo sean electos por el voto popular y que haya un cupo para abogados.

—¿Pero al oficialismo se le critica que tiene un manejo arbitrario del Consejo de la Magistratura?

—Porque la mirada que coloca la opinión pública es sobre los vínculos entre la política y el Poder Judicial. Como si ése fuera el peor de los males. Hay una mirada más amplia: sobre la independencia del juez en la toma de decisiones respecto de sus superiores, de sus colaterales, de los que litigan en sus mesas, de sus vínculos sociales, económicos, ideológicos, religiosos.

—¿Y por qué lo plantea ahora que el Gobierno está recibiendo fallos adversos y no desde 2003?

—Yo hice el proyecto ahora porque el tema se puso a debate, cuando Ricardo Gil Lavedra y Graciela Camaño pusieron a tratar los proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura. Para nosotros no es uno de los temas prioritarios de la agenda.

—¿La evaluación a los jueces la haría un Consejo que tiene poder de veto del oficialismo?

—El Consejo tiene que seguir con la composición actual, donde la representacion de la voluntad popular sea la misma que ahora. Pero no debe ser pensado que nosotros vamos a gobernar de por vida. Yo estoy absolutamente convencido de que a lo que menos le temen los jueces es al poder político. A las coacciones políticas hay mil formas de neutralizarlas. Las coacciones de otros poderes de la sociedad civil ni siquiera nos enteramos que suceden.

—Si no le tienen temor al poder político, ¿por qué considera que en general los fallos contra el poder de turno empiezan cuando éste está en declive?

—Porque empiezan a acomodarse con el poder que viene. Pero no porque le tengan temor. Naturalmente lo van haciendo. Algunos no toleran la presión pública.

—¿No es que cuando el Gobierno tiene mucho poder tienen temor a enfrentarlo?

—Ahí puede haber algo, pero en el principio. Quizás si piensan que alguno, tal vez, se queda mucho tiempo.