Las partes del millonario juicio que los ingenieros Carlos Rudolph y José Matar promovieron por daños y perjuicios contra los ex rectores Ing. Tulio Del Bono, Benjamín Kuchen y otros, conjuntamente con la Universidad Nacional de San Juan, volverán a encontrarse este jueves a la hora 10 en el despacho del Dr. Miguel Ángel Gálvez.

Consultado por Diario El Zonda el Dr. José Luis Miolano, director general de asuntos legales de la UNSJ manifestó que siempre hubo “voluntad de la Universidad en procura de arribar a un acuerdo”, pero “ se está muy lejos en los números, es decir la parte actora pretende 10 millones de pesos, que no creo que el Consejo Superior lo vaya a autorizar” porque “ la demanda excede lo que en jurisprudencia se mide como valor vida”

“Siempre ha existido la voluntad de acercar las partes” prosigue el profesional, aunque reconoció “que se trata de un tema muy complejo. Desde el punto de vista jurídico la Universidad sigue sosteniendo que no debería prosperar la demanda por tres razones fundamentales: la primera es que de siete rubros que se reclaman, la mayor parte de ellos, cinco están prescriptos. El otro de los reclamos no está probado, y el restante que sería el único, que eventualmente no estaría prescripto, dependiendo de la jurisprudencia que se aplique, porque hay interpretación dividida sobre el modo de computar los plazos de prescripción en caso de llegar a denuncia penal que termina con absolución como es este caso”. Pero supongamos que el caso no está prescripto “la Universidad sostiene que no hay responsabilidad ni del ex rector Ing. Tulio Del Bono cuando realizó la denuncia penal, porque él no tenía alternativas jurídicas porque el Código Procesal Penal obliga a todo funcionario público cuando haya indicios de delitos hacer la denuncia, no hay otra opción, por lo que si no cumplía ese cometido podría incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Luego una sentencia en contra, de quien está obligado a denunciar frente a un indicio delictivo “sería un precedente grave. Si esta demanda prosperara, hay que olvidarse de la ley anticorrupción, porque ningún funcionario se animaría a presentar una denuncia penal con el temor que posteriormente a ello, le pueda caer una demanda”, explica Miolano

“Tampoco hubo persecución política” que “ni siquiera fue probada” además como es de público conocimiento “el Ing. Del Bono es funcionario provincial y los ingenieros Rudolph y Matar están contratados dentro del este mismo gobierno provincial, por lo que no entiendo de que persecución política se trata, cuando ambos están en el mismo bando del justicialismo”.

“Tampoco forma parte de la demanda” como se había afirmado “un reconocimiento público a las personalidades del ambos profesionales, nadie ha sido demandado por una obligación de hacer, eso se planteó dentro de un reclamo por vía administrativa que terminó con una resolución del Consejo Superior rechazándolo”. El Dr. Miolano aclara “directamente todo se ha traducido a una indemnización monetaria”, pero agrega “nada impide, si la parte actora accede a hacer alguna rebaja en su demanda, realizar algún ofrecimiento de ese tipo, pero la querella no ha sido planteada en esos términos”

Finalmente el profesional afirmó que la “última palabra en cuanto a cifras la tiene el Consejo Superior universitario, no le corresponde al actual rector determinar una resolución de esas caracteristicas, será el Consej quienes determinarán el monto de la propuesta” pero “creo que si no se llega a un acuerdo, y el juicio avanza, y eventualmente hubiera una sentencia condenatoria para la Universidad, sería francamente, más allá que la considero antijurídica, un antecedente nefasto para la sociedad, porque implicaría que ya ningún funcionario público en el presente y en el futuro va a cumplir con la norma que lo obliga a radicar una denuncia frente a la sospecha de un delito por temor a la acción civil que pueda devenir luego”