El ministro de Economía, José Blassiotto asistió a la convocatoria realizada por la Legislatura Provincial y expuso junto al jefe de Gabinete y parte del equipo del Ministerio ante los diputados, las bases del presupuesto para este año.

En un clima tenso, donde no faltaron las “chicanas”, el ministro defendió los números del proyecto de Presupuesto 2013, que fue cuestionado en particular por los representantes de La Cámpora.

En la sala de reuniones de comisiones de la Legislatura, Blassiotto aclaró ante 22 diputados (no estuvieron Daniel Gatti y Atanasio Pérez Osuna) los números gruesos del presupuesto de $ 11.409.352.937 que fueron exhibidos a través de filminas.

El titular de la cartera económica aseguró que el 49 por ciento de los recursos van a provenir de lo tributario, y rescató la importancia de que se apruebe el impuesto inmobiliario minero, porque el sector tiene exceso de renta y es a quien hay que aplicarle mayor presión tributaria antes que “a un kiosco”, y esos recursos volcarlos a la gente.

Confirmó que el déficit se estima en $ 694.242.548, planteando un endeudamiento de $ 972.337.199, que se explica en la sumatoria de los requerimientos municipales. Para cubrir dicho déficit, los ministros pidieron que sean aprobados los proyectos de ley que envía el Poder Ejecutivo para recaudar más recursos, pero también le pidieron a los legisladores que impulsen proyectos en el mismo sentido.

Se estima girar este año a los municipios $ 1.355.326.228 y que la masa salarial representa el 77 por ciento del presupuesto, es decir unos $ 8.048.151.410. De ese monto, sólo el 50 por ciento pertenece a la Administración Pública Central. Los ministros destacaron aumentos en las partidas para Salud (9%), Educación (19%) y Servicios de Seguridad (8%).

Ley Arabel

La denominada Ley Arabel generó el primer “choque” fuerte entre los diputados kirchneristas y los ministros, luego que Ivovich indicara que “no es aplicable” a pesar de haber tenido la promulgación con modificaciones por parte del Poder Ejecutivo. “No se le envía nada a nadie”, agregó Blassiotto ante los cuestionamientos de que se enviaban “fondos extra” a municipios que comulgan con el Gobierno Provincial. Asimismo, demandó a los legisladores “madurez política e institucional” para discutir sobre la polémica Ley Arabel. Aseguró que la norma era “programática y no operativa”, y que no se tuvieron en cuenta “requisitos” para que se pueda aplicar.

A los propios legisladores que la sancionaron, les explicó que no habían incluido en la norma que se debían establecer modificaciones en el presupuesto para fijar partidas para su cumplimiento. Luego el jefe de Gabinete aseguró que si bien la ley estaba vigente la misma no era aplicabable.

La diputada Estela García salió al cruce de los funcionarios del Poder Ejecutivo, y les preguntó por qué el gobernador Daniel Peralta no vetó la norma si sabía que no era aplicable. Por su parte, el radical Héctor Roquel dejó asentado que él ya había advertido en la sesión en que se aprobó la ley que la misma era “inaplicable”, y que sólo con la norma se buscó “embromar” a los intendentes.

En un momento del debate, Blassiotto fue aconsejado por Ivovich, y esto provocó la ira de los diputados camporistas, ya que le cuestionaron que él no había sido invitado y que el que debía dar respuesta a las preguntas era el titular de Economía. El jefe de Gabinete amenazó con irse, pero finalmente esto no ocurrió.

Ingresos y

crisis sanitaria

Luego de cruces infructíferos, plagadas de chicanas politicas de un lado y otro que no llevaban a ningún lado, el ministro Blassiotto continuó exponiendo y fue consultado por el diputado Matías Bezi sobre 314 millones de pesos que se habían gastado en personal cuando supuestamente no había habido ingresos ni negociación salarial. El ministro indicó que los gastos fueron para Policía, Educación y Salud, este último en una mejora de salarios a profesionales de especialidades críticas.

Inmediatamente el referente de La Cámpora extrajo un documento remitido por el Ministerio de Economía donde le confirmaban el ingreso hasta septiembre pasado de 1.492 nuevos agentes que a las áreas de Salud, Policía y Educación. Ivovich justificó el ingreso del personal ante la jubilación de agentes en esas áreas.

Inmediatamente, Bezi comentó que cuando llevó a una colaboradora al Hospital Regional, la mujer no pudo quedar internada porque “no había sábanas” para las camas de los pacientes. El jefe de Gabinete recogió la crítica, la rechazó pero recordó que el Gobierno tuvo que redireccionar partidas, ya que la Legislatura no aprueba los requerimientos del Poder Ejecutivo.

Roquel pidió a las autoridades que prioricen sólo las obras para los sectores Salud y Educación, y que los recursos de las obras que no sean urgentes sean volcados para garantizar las obligaciones del Estado.

Inflación y desocupación

Otro de los capítulos lo marcó la deuda de las becas estudiantiles, cuando La Cámpora les cuestionó a los ministros que se habían sobre ejecutado unos 6 millones de pesos para establecimientos educativos privados, en desmedro de los estudiantes de escasos recursos que no cobran las becas desde 2011. Ivovich adelantó que se saldará la deuda de las becas a fines de este mes.

El cruce entre Ivovich y Bezi se tensó más cuando el Jefe de Gabinete pronosticó que la inflación para este año, según estudios de la provincia, se estima entre el 22 y el 25 por ciento. Mientras que la desocupación en Santa Cruz asciende al 4,5 por ciento a causa de la caída de la obra pública.

Baja producción

Pero la discusión no quedó ahí, sino que se trasladó a la mega economía, luego que el jefe de Gabinete expresara ante los diputados, en su mayoría kirchneristas, que “la política nacional está perjudicando a las provincias petroleras y mineras con el actual tipo cambio”, y se mostró a favor de una mejora del mismo. Ivovich, también representante de Santa Cruz en el directorio de YPF, desasnó a los presentes al confirmarles que la producción de la petrolera estatal en la provincia había bajado un 6 por ciento.

Esto llevó a Bezi a defender las medidas del Gobierno Nacional y a cuestionar a la administración de Peralta, al adjudicarle haber transformado a Santa Cruz en una “provincia griega” por la crisis económica y social que atraviesa ese país. También consideró que el Gobierno provincial busca establecer trabajadores de primera y segunda al ofrecerle a los docentes un 25 por ciento de recomposición salarial y a los enmarcados en la ex Ley 591 sólo 1.000 pesos de aumento.

Al cierre de esta edición, el encuentro, que ya llevaba tres horas de debate, continuaba con un clima tenso entre la defensa del presupuesto y las políticas del Poder Ejecutivo por parte de los ministros versus las críticas y cuestionamientos de los diputados.