El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ratificó ayer que en la provincia, y según las últimas cifras del INDEC, el 44% de los trabajadores no están registrados.
A nivel nacional, el porcentaje de trabajo en negro es del 33%. Al hablar de ambas cifras, Tomada dijo que en realidad, más allá que se debe seguir trabajando para lograr bajar las tasas de esta condición de los trabajadores, se debe tener en cuenta que se bajaron las tasas desde el momento que Argentina tuvo el 50% de trabajadores no registrados.
Entre las políticas que dijo, se toman a fin de terminar con la no registración al igual que con el trabajo infantil, se encuentran las leyes de empleadas del ámbito doméstico y los trabajadores rurales. A ello agregó la ley que pena a aquellos que se sirvan del trabajo infantil.
Salta es una de las provincias en donde se conocen recurrentemente inspecciones de la AFIP que han encontrado a chicos trabajando, al momento de encontrar también casos de trabajo esclavo. Pese a que estas situaciones se encuentran con penas que indicarían en principio la prisión del responsable de los casos mencionados, no se conoce causa alguna en la cual el presunto responsable espere el juicio detenido.
La viceministra Noemí Rial, sostuvo que no obstante, Salta "es la única provincia en donde se ha generado un procesamiento", por el delito de trabajo infantil.
Convenio con Salta
El gobierno nacional firmó un convenio para promover el empleo y la capacitación del sector azucarero.
El acuerdo que lleva las firmas del gobernador Juan Manuel Urtubey y del ministro Carlos Tomada, se concretó ayer en la residencia oficial de finca Las Costas, donde se ofreció un almuerzo para 90 funcionarios del país que participaron de la Reunión Plenaria del Consejo federal de Trabajo. El objetivo es el de la generación, mejora y sostenimiento del empleo para los trabajadores temporarios de la actividad azucarera durante el período intercosecha 2014.
Durante su discurso el gobernador Urtubey se refirió a la importancia de continuar trabajando por mayor trabajo registrado y por la representación de todos los trabajadores, sobre todo de los sectores más vulnerables.
“La democracia cada vez debe ser más participativa y nuestro desafío como Gobierno es el de saber canalizar esa participación de la ciudadanía, garantizando las válvulas de expresión y representación de todos los sectores. La principal responsabilidad social empresaria es tener a sus trabajadores registrados y la de nosotros como Estado, hacer cumplir eso”, aseguró.




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