En Casa Rosada, Frigerio y Naidenoff conversaron, entre otros temas, sobre la agenda legislativa de 2016 y de los desafíos que se avecinan en lo que respecto a los fondos coparticipables para las provincias y en el reclamo de los gobernadores por el 15% de la coparticipación que financia el Anses. 

Ambos estuvieron de acuerdo en la necesidad de sentarse en la mesa y por medio de una negociación seria y responsable alcanzar un acuerdo con las provincias. Pero para Naidenoff es importante que este acuerdo se logre “sin chantajes ni extorsiones.” 

“Los gobernadores tienen que tener sentido de responsabilidad, no pueden exigir el 15% de la noche a la mañana, cuando se callaron durante 12 años y fueron cómplices de una acumulación de recursos en el gobierno nacional sin precedentes desde el ´83 a la fecha”, declaró ante la prensa una vez finalizada la reunión.

“Para que tengamos una idea: durante el gobierno de Alfonsín el 58 % del monto coparticipable se distribuía a las provincias, mientras que en el año 2013 apenas un 27 % del monto coparticipado iba a las provincias y esto lo convalidaron los gobernadores del kirchnerismo” 

“Tenemos que devolver los montos a las provincias pero con responsabilidad y sentido común, porque también hay que garantizar la financiación del Anses que hoy tiene a su cargo los haberes jubilatorios, las pensiones y la Asignación Universal por Hijo”, agregó el legislador formoseño. 

Frigerio y Naidenoff coincidieron en la importancia que tiene la tarifa social que recientemente anunció el gobierno. “Es una muy buena noticia, hace mucho que venimos peleando por la tarifa social en el Senado, será una alivio para la situación que viven muchos formoseños. Se termina la inequidad que generó el anterior gobierno en donde un ciudadano de una zona exclusiva de la capital pagaba menos que un ciudadano del norte de nuestro país”, señaló.

Además, el formoseño destacó que “con la tarifa social, el aumento sólo alcanzará a menos del 30% de la población, ya que la medida contempla a la mayoría de los jubilados y pensionados, a las personas en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salario mínimos, a los titulares de programas sociales entre otros”.