Puede parecer que el poder político tiene interés en que el juicio oral del caso de las turistas francesas termine con una sentencia condenatoria que confirme la investigación desarrollada desde el 29 de julio de 2011, día en que aparecieron los restos deCassandre Bouvier y Houria Moumni. Puede parecerlo porque este crimen aberrante ensombreció la imagen de Salta y, por extensión, la de la gestión del gobernador Juan Manuel Urtubey, que ratificó al turismo como política de Estado. Pero Pamela Calletti, ministra de Justicia de ese Gobierno, expresa a LA GACETA que lo que importa es llegar a una sentencia: “no hay condena previa o de antemano en el caso de las turistas francesas”.

Ello no quita que, según su criterio, la Justicia disponga de pruebas contundentes como la confesión del imputadoGustavo Lasi, que admitió el abuso sexual, y la peritación que acredita su participación en ese hecho. “Este es el acusado que implica a los otros dos (Santos Clemente Vera y Daniel Vilte), pero ellos niegan todo y sostienen su inocencia. La gente obviamente tiene una opinión formada a título personal, pero existen dudas y cuestiones por dilucidar. Creo que es un juicio muy complejo”, precisa en una entrevista en su despacho en el Ministerio de Justicia.

El debate comenzó el 25 de marzo y está previsto que se extienda hasta el 16 de mayo. Mañana, las partes se trasladarán a la Quebrada de San Lorenzo para practicar una inspección ocular en el sitio en el que fueron encontrados los cadáveres de las turistas. La funcionaria de 35 años, que asumió su función en diciembre de 2013, afirma: “este crimen me dolió como mujer, más allá de que me interesa en mi condición de ministra de Justicia, de salteña y de argentina. Lo que le ocurrió a Bouvier y Moumni me parece tremendo independientemente del lugar donde pasó”.

Pero enseguida Calletti afirma que todos los juicios tienen la misma importancia institucional y que su cartera se limita a acompañar a los familiares de las víctimas. “Tal vez la modalidad del crimen y la nacionalidad de las víctimas hizo que este caso en particular trascendiese tanto”, reflexiona. Y dice que, sin perjuicio de las implicancias e intereses comprometidos en determinada causa, la Justicia debe ser independiente: “eso está claro para el Poder Ejecutivo en este y en todos los demás expedientes”.

Cambiar y coordinar. Muchas cosas han cambiado en Salta desde la comisión del crimen de las turistas francesas. Entre ellas, el régimen procesal penal: a partir de 2012, el Estado propició la entrada en vigencia paulatina del llamado modelo acusatorio, cuya característica principal es la separación de las funciones de investigar y juzgar (antes, ambas estaban concentradas en cabeza del juez).

Calletti recuerda que esta transformación conllevó enmiendas legislativas, concursos para designar a los nuevos magistrados y capacitación. “La mayoría de las provincias se está mudando al nuevo paradigma, que, entre otras innovaciones, garantiza la doble instancia penal, mecanismo requerido por el derecho internacional. En Salta, la revisión del juicio oral ahora está a cargo de un Tribunal de Impugnación, que antes no existía. Después, queda abierta la posibilidad de llegar a la Corte vía recurso de casación”, describe (en Tucumán no existe tal estrado intermedio, pero su creación está siendo estudiada por la comisión encargada de elaborar un anteproyecto de reforma procesal penal).

Los cambios necesitan más tiempo; no obstante ello, Calletti asegura que ya pueden observarse resultados positivos: “el año pasado tuvimos un homicidio en un accidente de tránsito que fue resuelto entre enero y diciembre de 2013. Logramos una sentencia, en este caso, una condena, en un plazo razonable. Es un logro importante y concreto”.

Tiempo después, Salta adhirió a la Ley Nacional de Estupefacientes, cosa que implica transferir a la Justicia local la competencia para investigar el “microtráfico” o “narcomenudeo”, que antes era ejercida por la Justicia Federal (Tucumán concretó dicha adhesión el mes pasado). “Pudimos asumir la persecución de dealers porque antes habíamos hecho el cambio de sistema. Es decir, no adherimos a la ley para luego preguntarnos qué hacemos con el ‘microtráfico’ de drogas”, comenta Calletti. En Salta, el traspaso de la competencia incluyó la creación de una comisión integrada por miembros del Poder Ejecutivo, y de la Justicia local y federal. La ministra explica: “los jueces federales conocen este fenómeno y pueden aprovechar el trabajo de campo de la provincia para perseguir el ‘macrotráfico’ de estupefacientes. Lo importante es que entre todos actuemos en forma coordinada”.