El recurso de amparo que fuera presentado por los vecinos el primero de agosto del 2008, solicitaba que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en trámite en la zona de la Quebrada de Humahuaca.

La presentación de los Vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella se basó en los pedidos de cateos y exploración de minerales de 1º y 2º categoría otorgados a la empresa Uranios del Sur S.A., tramitados bajo los expedientes 1017-U-2008 sobre una superficie de 9.100 hectáreas y el 721-U-2007 sobre una superficie de 5000 hectáreas en el departamento de Tilcara. Ambos emprendimientos están ubicados en la zona de “Los Amarillos” de Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de “Yacoraite” y “El Angosto de Yacoraite”.

El fallo del Superior Tribunal de Jujuy del 21 de marzo pasado “es una sentencia arbitraria y ligada a los intereses mineros. No hay argumentos serios para negar el principio precautorio consagrado en el artículo 4º de Ley General del Ambiente 25.675/02, que reglamenta el art.41 de la Constitución Nacional, que dispone que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto-se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente y no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible. “Todos sabemos que cuando se realice la explotación minera en la Quebrada, ya será tarde”, señalaron los vecinos.

El Superior Tribunal de Jujuy-agregaron- basó su rechazo aduciendo que es “prematuro” hacer lugar a nuestro pedido, ya que existe una suspensión administrativa del trámite, pero no existe una cancelación final del pedido de cateo. Eso implica que dicha suspensión puede levantarse de un día para otro. Para confirmar esto, la empresa Uranios del Sur S.A, realizó el año pasado, la cesión, venta y transferencia de derechos” a la empresa Electrum Resources S.A, de los pedidos de cateo en la Quebrada de Humahuaca. “Nadie vende lo que no existe”, advirtieron.

“Con la llegada de nuestros reclamos a la Corte Suprema de la Nación –destacaron- los pueblos de la Quebrada y de la Puna tenemos una gran oportunidad: que la Corte Suprema de la Nación ratifique los argumentos del ex juez Tizón, que cuestiona la minería a gran escala, y hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. Esto máximo cuando, como lo recalcó el juez Tizón, se trata de un territorio que, en el caso de la Quebrada de Humahuaca, fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en el año 2003 por la UNESCO”.

“La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ´progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna”, advirtieron.