Exactos $2.336.000 reclama la Municipalidad de Tartagal a grandes empresas constructoras e inmobiliarias que desde el año pasado no pagan impuestos específicos de sus actividades.

Aunque ejecutan obras millonarias, unas diez compañías le deben $1.000.000 a la comuna norteña en concepto de derecho de construcción. La cifra reclamada no tiene incluidos los intereses.

Los deudores son grandes empresas de construcción adjudicatarias de obras provinciales y nacionales, como la ejecución de puentes y viviendas y la conexión de redes de gas domiciliario en distintos barrios.

El monto denunciado se acumula desde el año pasado y por la “resistencia de los empresarios a cumplir con el derecho de construcción” los expedientes fueron girados al departamento Legal del municipio, donde se analizan alternativas para poder cobrar ese impuesto.

Juan Carlos Palacios, responsable de la Dirección de Control y Fiscalización, fue directo y advirtió a los empresarios: “Deben cumplir con esta disposición municipal porque, de otra manera, serán demandados legalmente”. El funcionario indicó que el municipio de Tartagal arbitrará todos los medios para cobrar las deudas por la vía administrativa, pero “si es necesario se recurrirá a la Justicia, como sucede con cualquier deudor moroso, aunque en este caso no se trata de un humilde vecino de barrio sino de grandes empresas que trabajan en Tartagal”, advirtió.

Palacios agregó: “Todos celebramos que las empresas ejecuten las obras que ganaron en las licitaciones, pero eso no quita que dejen de abonar al municipio lo que corresponde”.

Las inmobiliarias

Las constructoras foráneas no son las únicas que adeudan grandes importes al municipio. Las inmobiliarias, administradoras de importantes propiedades, también están en rojo con el gobierno de Sergio Leavy y al municipio le deben $1.336.000 en concepto de impuesto inmobiliario.

En este caso, desde la comuna indicaron que la suma crece a pesar del bajo importe que implica el impuesto, establecido en la ordenanza tributaria vigente.

“Otro gran inconveniente que tenemos con estas inmobiliarias es que detectamos que están vendiendo terrenos sin haber cumplido con el pago de este impuesto y la tasa por los servicios retributivos”, manifestó Palacios a El Tribuno.

El funcionario señaló que las inmobiliarias “también han sido notificadas y, si insisten con esa práctica, serán derivadas al área legal. En algún momento las empresas tartagalenses también tendrán que acostumbrarse a cumplir con la ley aunque sea una pelea larga y que, sin dudas, genera malestar por parte de los morosos”.

“Pero si todos apostamos a la equidad y a los mejores servicios, no podemos esperar que en Tartagal sigan siendo los que menos tienen o los jubilados los únicos que cumplan con el pago de sus obligaciones”, sentenció.

El funcionario justificó la tarea de recaudación al señalar que “sabemos que son épocas difíciles, pero los contribuyentes tienen que tomar conciencia de que brindar un servicio tiene un gran costo para el municipio y que ese costo se solventa con el aporte de todos”.