"Actualmente hay una política expresa de vaciamiento del hospital con la intención de transformar al Larcade en un gran negocio a través de su privatización", aseguró a Página/12 Eduardo Barragán, médico clínico y uno de los profesionales afectados por la "reestructuración" hospitalaria. Hoy a las 11, la Cicop (Asociación Sindical de profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) y la Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) realizarán una jornada por la libertad sindical frente al edificio de ese centro de salud, en José María Moreno 714.

No es la primera vez que existe un conflicto entre los médicos del Larcade y las autoridades municipales de San Miguel. La intendencia de Aldo Rico fue pionera. En 1999, "Rico trajo el equipo médico del hospital de Malvinas Argentinas para imponer en el Larcade ese modelo. Esa vez y ahora varios médicos fuimos suspendidos", explicó Barragán.

En 2009, la primera medida tomada por la Secretaría de Salud local fue reducir de 48 a 36 horas el régimen laboral de 40 profesionales "sin fundamento técnico. La resolución estaba por fuera de la ley 10.471, que regula la carrera médica hospitalaria e impide que los especialistas sean afectados en los horarios o en sus lugares de trabajo sin consentimiento". Para Barragán, la reducción horaria "impidió la programación de cirugías en horario vespertino, perjudicando a los que no pueden costear una prepaga".

El desabastecimiento de recursos humanos también se manifestó en los "cierres temporarios y permanentes de algunos servicios del hospital, como cardiología, neumonología, psiquiatría, cirugía vascular e infantil", que "obviamente, redundó en la reducción significativa de la atención de los pacientes", dijo el médico clínico.

Después de meses de denuncias, 14 profesionales del Larcade fueron trasladados a distintas salas de atención primaria bonaerense. Según Barragán, "cinco de los catorce somos delegados sindicales, pero todos por los bajos salarios del hospital tenemos otros trabajos. Así que la medida nos afectó en nuestras economía familiares". En tal sentido, cinco médicos (tres son delegados) se opusieron al traslado y fueron sancionados: Barragán y otros cuatro profesionales fueron sumariados, suspendidos y demandados penalmente por el delito de "usurpación de autoridad". (Pagina/12)