El panadero, en su apelación, cumplió con las formalidades del caso y cuestionó el procedimiento que realizó la comuna el 8 de febrero, cuando tomó muestras de tres productos para analizarlas en su laboratorio: pan, galleta y bizcochos de grasa. Ese día, el área de Bromatología advirtió que estos últimos dieron positivo de bromato de potasio. Tur fue notificado pero no realizó descargo alguno.

Las muestras fueron remitidas luego a Bahía Blanca para ser analizadas con un método más sofisticado en el IACA. Allí confirmaron los resultados arrojados por el laboratorio local: los bizcochos tenían la sustancia prohibida, la misma que en enero había provocado varios casos de intoxicación entre los clientes de La Posta, Crocante y El Abuelo Julio, tres panaderías del empresario José María Jamad.

El miércoles 2 de marzo, dos inspectoras de Bromatología fueron al local y notificaron al panadero de que el Juzgado de Faltas lo había penado con la clausura y la multa. Cuando todo hacía parecer que el jueves 3, a primera hora, la medida se haría efectiva, el panadero se presentó con su abogado ante el Juzgado de Faltas de la ciudad y logró suspender el procedimiento haciendo uso de su derecho de apelar la medida.

Desde allí se contaron cinco días hábiles para que el comerciante redactara el escrito que finalmente presentó ayer, cuando el plazo estaba a punto de expirar. A partir de ahora, las actuaciones serán giradas al Juzgado Provincial de Faltas, donde se determinará si la sanción resuelta por la comuna fue la correcta.

"Ahora la panadería sigue abierta y la decisión final la tiene el Juzgado de Faltas de la provincia", explicó ayer la titular del Juzgado de Faltas de esta capital, Alicia Corral.

El caso de Tur es el segundo del año en que se detecta Bromato en productos elaborados en panaderías de esta capital. El municipio mantuvo clausuradas las otras tres panificadoras durante veinte días, entre enero y febrero. Por ese caso, se está sustanciando una causa penal en la Justicia. Lo que se investiga es si se cometió algún delito contra la salud pública. Las opciones son envenenamiento o adulteración de sustancias alimenticias, que se sanciona con entre tres y diez años de prisión, o negligencia, que implica una multa de 2.500 a 30.000 pesos.

El bromato de potasio fue usado durante años como mejorante de la harina, porque servía para fortalecer la masa y permitía que aumentase el volumen. En Argentina su uso directo fue prohibido en 1995, dado que un Comité de Expertos en Aditivos Alimenticios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que se trataba de una sustancia de acción cancerígena.