“Da miedo la enorme cantidad que se están secuestrando en operativos. Por eso necesitamos esta ley con la que vamos hacia el desarme”. Con esa frase, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Ricardo Casal subrayó ayer en el Senado el fuerte incremento del uso de armas en los delitos que se cometen en territorio provincial.

Lo hizo en el marco de una visita a los legisladores que integran las comisiones de Seguridad y Legislación General para defender el proyecto impulsado por la administración de Daniel Scioli que apunta a limitar el beneficio de la excarcelación para quienes sean detenidos con armas ilegales, entre otras figuras.

Casal fue al Senado junto al subsecretario de Política Criminal César Albarracín con el objetivo de destrabar las resistencias que surgieron en torno a la iniciativa, fuertemente criticada por organismos como la Comisión por la Memoria y el CELS. El proyecto finalmente obtuvo ayer despacho de esas comisiones y será sancionado el jueves en la Cámara alta con el respaldo de varios bloques de la oposición. (Ver aparte)

En ese marco, el ministro Casal destacó que en los operativos se detectó “la aparición de armas de origen ruso, con la particularidad de que se les agrega un cargador especial para que puedan hacer hasta 75 disparos”.

Albarracín, por su parte, se explayó en defensa del proyecto que había generado resistencias en un sector del oficialismo y entre los legisladores kirchneristas del bloque de Nuevo Encuentro al señalar que en la Provincia “se registró un incremento del 21 por ciento en los delitos de robo con uso de armas”, de acuerdo a los datos estadísticos de la Procuración General de la Suprema Corte.

El funcionario hizo hincapié en el delito del robo automotor, al señalar que por las nuevas tecnologías con la que se fabrican los vehículos se dificulta el hurto, por lo que los delincuentes apelan al uso de armas de fuego.

“ACCIONES PUNITIVAS”

Luego de la reunión con los senadores, el ministro Casal remarcó ante los cuestionamientos surgidos en torno al proyecto que “el Estado, además de las políticas estructurales, debe decidir acciones punitivas y precautorias”.

“El Estado provincial debe tomar acciones para desarmar a quienes delinquen”, afirmó el ministro.

Explicó a la vez que “la tipificación del proyecto en tratamiento, apunta al caso concreto de aquel que con un arma en su poder, se fugue, eluda o evada un operativo policial. En tal sentido, la norma se incluye dentro del proceso de flagrancia”.

“Significa entonces que mediante un proceso oral, sencillo y rápido, se concluye en la responsabilidad penal del portador del arma ilegal”, remarcó el titular de la cartera de Justicia y Seguridad.

“Como dijo el gobernador Scioli, se trata de sacar las armas de las calle y no de llenar las cárceles”, aseguró, y ponderó que “ese es el sentido del proyecto, evitar y disuadir el uso de armas en la comisión de delitos”.