Abriendo la puerta a una nueva polémica, el Gobierno provincial confirmó ayer que venderá el predio de la Unidad de Contención al Aprehendido (UCA) a través de la Corporación Inmobiliaria Córdoba (Corincor). Tal como lo informó ayer Comercio y Justicia, la ex cárcel de Encausados formaría parte de un paquete de inmuebles que también serán enajenados. El predio es uno de los más valiosos que tiene la Provincia, por lo que el anuncio generó el alerta de distintos sectores.

La medida estaría integrada al plan provincial de obras de ampliación de la infraestructura penal, denominado Bouwer II, lo que implica la desafectación y venta del establecimiento de barrio Güemes. Según lo informado, la Provincia también podría enajenarse también del edificio del ex Pablo Pizzurno, donde hoy funciona el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. El primer en criticar la venta de la ex cárcel de Encausados fue el concejal del Frente Cívico, Esteban Dómina. Para el edil, la venta de la cárcel “que es una manzana completa en un sector apetecible por los desarrollistas, representa otra clara muestra de desaprensión del Gobierno provincial, ávido de fondos, y de ausencia del Municipio a la hora de proteger los intereses de la ciudad y de vecinos”.

Luz verde en el ex Batallón

Sin más rodeos, el intendente Ramón Mestre a través de sus funcionarios ratificó ayer lo que ya había manifestado durante su campaña política: autorizar el uso mixto del suelo en los predios del ex Batallón 141, propiedad de Corporación América de Eduardo Eurnekian. Con ello, la polémica quedó instalada y desde distintos sectores cargaron contra el jefe comunal. La normativa que rige sobre ese sector la impulsó el ex intendente Luis Juez días antes de concluir su gestión en 2007, en medio de una gran disputa política con el por entonces también gobernador José Manuel de la Sota, inhibiendo cualquier emprendimiento en el predio que Eurnekian compró a la Provincia por 107 millones de pesos. Sin embargo, desde la óptica de la administración radical las 22,3 hectáreas son hoy terrenos desperdiciados, por lo que informaron que permitirán a la Corporación construir si es que acepta las condiciones que ayer informó el propio secretario de Desarrollo Urbano, Mariano De Juan. El funcionario señaló que aún la desarrollista no presentó ningún proyecto sino que solicitó ser incluida en el marco de la ordenanza de convenios urbanísticos aprobada meses atrás. “Nosotros lo que hicimos hasta ahora fue comunicarles las condiciones mínimas que deberán respetar si quieren presentar una iniciativa y que es lo que nosotros esperamos de ese sector”, dijo De Juan. Entre los requisitos para autorizar la construcción, el secretario informó que no se podrán construir torres ni edificaciones en altura (no más de seis pisos) sino que habilitó las constricciones tipo casonas. Por otro lado, mencionó que el municipio obligará a que un 50 por ciento se destine a espacio público, del cual un 35 por ciento será espacio verde y el resto destinado a áreas deportivas y recreativas. Como compensación, Corporación América deberá además desarrollar una planta de tratamiento de líquidos cloacales para la zona sur (cuya inversión fue calculada en unos 100 millones de pesos ) y la realización de todas las obras de infraestructura y servicios necesarios para la zona. Allí se incluyen “tres o cuatro nudos viales, y el ensanche de dos o tres avenidas”, explicó De Juan.

Críticas y suspicacias

Desde el senador Luis Juez, quien deslizó que este convenio urbanístico es producto de un acuerdo entre el gobernador José Manuel de la Sota y el intendente Ramón Mestre, el anuncio municipal despertó todo tipo de crítica y suspicacia en el arco opositor.

Esteban Dómina. El presidente del bloque de concejales del Frente Cívico cuestionó la justificación dada por el secretario De Juan, acerca de que el grupo privado podría plantear la expropiación inversa y acarrear un problema legal al municipio “eso no es verdad ya que cuando compraron, el área no era pasible de urbanización porque no contaba con uso del suelo por hallarse aún catalogada como Zona de Reserva Militar”.

Olga Riutort. La titular de la bancada Eva Duarte fue contundente al señalar que para cambiar el uso del suelo “deberá venir al Concejo otro proyecto. De todas maneras, hasta ahora sabemos lo que escuchamos del secretario”.

Héctor Campana. El edil del bloque Unión por Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia dijo que esos terrenos “son propiedad de un privado que los adquirió con un fin. Todavía no conocemos el proyecto pero estamos hablando de un sector degradado y si la Municipalidad no hace nada, quedará así por mucho tiempo más”.

Marcelo Rodio. El concejal del Peronismo que Viene consideró que la aprobación de estos convenios es un arma de doble filo “esta norma (Ordenanza12.077) permite que cualquiera pueda construir en cualquier lado, no importa si son áreas verdes o de reservas” .

Javier Bee Sellares. La respuesta por parte del presidente de la bancada oficialista en el Concejo no se hizo esperar y en férrea defensa de la decisión tomada por el Ejecutivo, el concejal dijo: “Es un tema heredado y hay que darle una solución. En un esquema donde la empresa acepte las condiciones fijadas por esta Municipalidad será difícil decir que no, las obras como contraprestación son muy importantes para la ciudad de Córdoba”.

Alejandra Del Boca. El tema también resonó en la Legislatura cordobesa desde donde la parlamentaria del Frente Cívico cuestionó: “Todos hablan del valor del metro cuadrado construido, yo me pregunto cuánto vale el metro cuadrado de ambiente destruido”.